Para que la prosperidad sea compartida, durante mayo y junio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado implementará un operativo de vigilancia para constatar el cumplimiento del reparto de utilidades por parte de las empresas hacia sus trabajadores.
Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la STyPS, Flor Ruiz Cosio, quien explicó que en este gobierno de la transformación profunda se tiene que desmontar el modelo económico agotado, acabar con la corrupción y eliminar las barreras de desigualdad como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que promueva la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
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Por lo anterior, las empresas que incumplan con esta obligación podrían ser acreedoras a sanciones económicas que van desde las 250, hasta las cinco mil Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), afirmó. “La participación social es un requisito indispensable para la transformación y el cambio que nos hemos propuesto en Quintana Roo”, apuntó.
La funcionaria resaltó que el año pasado existía en Quintana Roo un promedio de 22 mil empresas obligadas a cumplir con esta prestación de ley en beneficio de unos 700 mil trabajadores y en ese sentido, recordó que para el caso de las empresas morales la obligación es a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo.
En tanto que para las empresas que son físicas la fecha límite establecida por ley para cumplir con esta obligación es el 31 de junio próximo sin excepción alguna, en especial cuando ya se ha dejado atrás la pandemia de Covid-19.
Finalmente recordó que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores en México, para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado.