La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló ayer la totalidad del Plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo, por lo que los comicios presidenciales de 2024 se organizarán con las reglas actuales del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Y es que al Congreso de la Unión, de mayoría morenista, no le da tiempo para realizar una nueva reforma electoral antes de que comience el proceso electoral de 2024 (con el que se renovará la Presidencia de la República).
La historia del Plan B deviene de la propuesta original de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretendía transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la cual no fue aprobada por requerir la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tiene Morena.
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Tras el fracaso en el primer intento, el Gobierno federal envió varias iniciativas para cambiar leyes secundarias en esa materia, a lo cual se le denominó Plan B, cuya primera parte fue aprobada en diciembre y la segunda en febrero pasado.
Debido a graves violaciones en la confección de esas leyes se invalidó su totalidad, con lo que ya no hay posibilidad de realizar modificaciones y las próximas elecciones se regirán por la reforma de 2014.
“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18”, indicó el mandatario nacional.
La discusión
Con nueve votos a favor y dos en contra, los ministros señalaron que hubo violaciones graves al proceso legislativo para confeccionar esos cambios legales, que pretendían reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparecer miles de plazas.
El pasado 8 de mayo, la Suprema Corte anuló la primera parte del llamado Plan B sobre las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, con lo que queda invalidada la reforma electoral.
Entre los argumentos para la anulación es que todas las faltas acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos decretos compartieron el mismo proceso legislativo.
“Se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo e incluso parcialmente fundado Al relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad”, indicó el ministro Laynez.
El ministro Luis María Aguilar Morales aseveró que “las violaciones mencionadas constituyen por sí mismas una serie de irregularidades que vedaron la deliberación democrática, por lo que, desde la sesión del 8 de mayo de dos mil veintitrés este
Tribunal Pleno declaró la invalidez de un primer decreto de reformas; sin embargo, en esta ocasión, se presenta una irregularidad adicional que solo abona a mi convicción de proteger la Constitución a través de la invalidez de todo el decreto ahora impugnado”.
Abundó que “las Cámaras del Congreso de la Unión discutieron y eliminaron artículos del decreto que ya habían sido aprobadas, previamente, lo cual implica una vulneración a la prohibición de discutir o modificar artículos ya aprobados, obligación prevista en la Constitución, en el artículo 72”.
Por su parte, la ministra presidenta Norma Piña indicó que los legisladores incurrieron en un error porque “lo votado y aprobado es diferente a lo que se discutió, lo cual, me parece, irrumpe franca y frontalmente con las reglas democráticas de la deliberación”.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán aseveró que estaba “absolutamente de acuerdo con este proyecto, las violaciones que aquí se describen son patentes y me permiten advertir infracciones a la calidad democrática, en la discusión de una norma que se convierte en la regla que deberá obedecer todo el pueblo de México”.
En contraste, al expresar su voto en contra, la ministra Yasmín Esquivel señaló que la invalidación del Plan B se dio “sin resolver el fondo del problema, al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar, o al menos analizar, si cada uno de los artículos está apegado o no a la Constitución”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se tocó la posibilidad de que los migrantes en el país voten en 2024.
“Hace poco nos reunimos (con los consejeros del INE) y les planteé que se buscara la forma de facilitar la participación de los migrantes, que incluso se explora la posibilidad de que lo hicieran por correo de manera electrónica”.
López Obrador se refiere al encuentro que sostuvo el 14 de junio con los integrantes del INE, una vez que Morena definió, en una cena entre los gobernadores guindas, el propio mandatario y las llamadas “corcholatas” la encuesta como método para elegir a su candidato presidencial en 2024.
En esa ocasión, según relató López Obrador, le planteó al Instituto que los mexicanos migrantes participen en los comicios del próximo año usando “su credencial, con su pasaporte, con una hoja de reconocimiento del Consulado”.
Y subrayó que los consejeros estuvieron de acuerdo en buscar la forma para garantizarles el voto, sobre todo “porque es evidente de que no están participando todos”.
“Ahora que hubieron las elecciones en Coahuila y en el Estado de México votaron pero muy pocos (…) viene la presidencial y están deseosos de participar y tienen todo el derecho entonces hay que buscar la forma”.
El 13 de junio, el titular del Ejecutivo federal se reunió por vez primera con los consejeros electorales, tras cinco años de tomar el cargo.
Con información de: 24 Horas Nacional
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