Un aproximado de 180 despidos de agentes ministeriales ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte del primer paso de nuevo mecanismo de estructura para garantizar la seguridad en la entidad.
Así lo dio a conocer del fiscal Raciel López Salazar, quien confirmó que los índices de inseguridad y violencia en la entidad no han disminuido.
La finalidad es colocar personal más capacitado para enfrentar a la delincuencia, aseguró el funcionario.
En una rueda de prensa, López Salazar confirmó que la reestructuración inició al notar que durante su primer semestre de gestión se recibieron 298 quejas.
Se trataba principalmente por el actuar de los agentes ministeriales, mientras que en el segundo semestre se recibieron 88 quejas,
La mayoría de estas últimas, por problemas en la integración de las carpetas de investigación.
Depuración da resultados a la Fiscalía
López Salazar mencionó que, a casi un año, con esta depuración en la fiscalía ha disminuido 50% el número de quejas.
“La mayoría de estas quejas fueron por deficiencia en integración de las carpetas de investigación, negación del servicio, malos tratos y negativa de devolver algún bien asegurado”.
“Para poder atender cada una de las querellas el personal debe estar más capacitado, sin olvidar que el pueblo es primero”.
También, precisó que se trabaja en la restauración de departamentos de investigación para una atención más rápida.
Así mismo, en la contratación de personal de alto rango y capacitación, quienes serán los encargados de canalizar las quejas ciudadanas.
Cabe mencionar que hasta el momento el titular no ha dado a conocer cuántas personas serán contratadas para este fin ni en qué municipios.
En agosto de 2023, el funcionario ya había dado a conocer que se necesitaban al menos 100 ministerios públicos.
Asimismo, 80 peritos y 250 policías ministeriales para estar acorde al nuevo pacto de Seguridad Ciudadana.
Raciel López Salazar comentó que el plan principal al interior de la dependencia es volver a ganarse la confianza de la población.
Aseguró que desean dejar atrás el alto grado de desconfianza que la población en general tiene contra este órgano descentralizado.
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