Según Dmas el proyecto es una construcción ilegal y está en una zona colindante con una playa de anidación de tortugas. Credit: Armando Herrera / 24 HQR

La asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) denunció penalmente al gobierno del municipio de Tulum y a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) por delitos urbanos, al permitir la construcción de un condominio de siete niveles en Bahía Solimán, en un predio con uso de suelo de Unidad de Gestión Ambiental de Conservación.

Se trata de cuatro denuncias, cuatro demandas de amparo, y demás recursos en contra de diversas dependencias por no impedir que se lleve a cabo dicho proyecto, toda vez que no cuenta con diversos permisos, informó Antonella Vázquez Cavedón, representante legal de la asociación.

Construcción fuera de la ley

A pesar de los recursos legales interpuestos por Dmas, ya se inició la venta de los departamentos, que estarán ubicados en un lote de 730 metros cuadrados, obra que legalmente, asegura la representante de Dmas, no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni la Licencia de Construcción Municipal, pero aún así no se ha impedido que sigan los trabajos. 

Vázquez Cavedón precisó que el proyecto es una construcción ilegal y está en una zona colindante con una playa de anidación de tortugas, y así como al oeste con el manglar.

Recordó que esta obra inició en noviembre de 2023, “sin tener los desarrolladores un solo permiso, tampoco contaban con la MIA, que debe expedir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y mucho menos el permiso municipal para construir”.

Lo anterior fue comprobado por Dmas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que interpuso demandas de amparo, y a pesar de que los jueces otorgaron la suspensión y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Municipio de Tulum colocaron sellos de clausura y tapiaron el lugar, el dueño del proyecto no detuvo la construcción.

Multa, una burla

La representante de la asociación ambientalista señaló que posteriormente la Profepa reconoció el daño y la gravedad, además de que al no haber una autorización de la MIA, se estableció una multa de 400 mil pesos y la orden de restauración de la zona. Sin embargo, la dependencia federal también les dio la opción de que si quieren conservar la construcción tienen 90 días para la obtención de la autorización de la MIA.

“Es más complacencia para que tengan más tiempo para terminar violando la legislación ambiental”, afirmó.

La abogada consideró la multa impuesta por las autoridades como una burla, ya que tan solo un departamento de los 24 que se están comercializando tiene un valor de más de 800 mil dólares, “pero por si esto no fuera poco, el municipio de Tulum presentó después una licencia de construcción que avala 20 departamentos”, lo que no debería ser, dado que no se cuenta con la MIA.

En lo que respecta a la acusación contra la Sedetus, informó que el proyecto no cuenta con la carta de Congruencia, documento mediante el cual se da el visto bueno para el uso de suelo de la zona federal marítimo terrestre, por lo que fue solicitada a la dependencia.

“Hay un incumplimiento parcial, y eso es un término inexistente en la Ley”, afirmó Vázquez Cavedón.

Laguna legal para la construcción

“Sedetus no sólo debe revisar el cumplimiento con el ordenamiento estatal y la sustentabilidad, sino que además es la encargada de vigilar la capacitación y acreditación de los agentes inmobiliarios, por lo que hay que recordar que los delitos urbanos existen en el Código Penal y uno de los que están cometiendo los agentes inmobiliarios es comercializar inmuebles que no cuentan con los permisos necesarios, el problema es que nos dimos cuenta que este delito no tiene sanción”, comentó la representante legal de Dmas.

Ante esta laguna en la Ley, también dio a conocer que presentaron una demanda por omisión legislativa contra el Congreso del estado de Quintana Roo y la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Hay prácticamente un boquete en la Ley que es imposible que no se hayan dado cuenta, sino más bien les viene bien que exista y estamos demandando que se reforme el Código Penal con las sanciones correspondientes”, explicó.

Incumplimiento parcial

  • Siete niveles se construyen en Bahía Solimán sin MIA de Semarnat aprobada ni carta de Congruencia ante Sedetus.
  • Dmas denunció el agravio al predio con uso de suelo de Unidad de Gestión Ambiental de Conservación.
  • Los jueces otorgaron la suspensión y la Profepa y el Municipio de Tulum clausuraron, pero no se detuvo la construcción.
  • Se estableció una multa de 400 mil pesos y la orden de restauración de la zona. Sin embargo, les dieron 90 días para obtener la autorización de la MIA.
  • Cada uno de los 24 departamentos está valuado en más de 800 mil dólares.

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