La reforma al Poder Judicial se llevó hasta las urnas, con el llamado Plan C, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la resistencia al cambio la continúan los mismos voceros de lo que queda de la oposición. Son dos visiones que han ocupado el espectro mediático para tratar de influenciar a la opinión pública.
La visión oficialista sostiene que los opositores no quieren acatar lo que establece la Constitución y hablan de una sobrerrepresentación superior al ocho por ciento en la Cámara de Diputados por parte de Morena y sus aliados (PVEM y PT). La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, recordó que cuando la sobrerrepresentación les benefició a “ellos” (PRI, PAN y PRD) en 2008 y 2012, les pareció bien y hoy que no les beneficia exigen una interpretación distinta a lo señalado en la Carta Magna.
La sobrerrepresentación es la cantidad de curules más que se le otorgan a los partidos por sobre la votación que tuvieron. En la Constitución existen dos grandes límites: el primero es que ningún partido (no coalición) puede tener el ocho por ciento más de la votación que tuvo y la segunda es que, habiendo 500 lugares en la Cámara Baja, un partido no puede tener más de 300 curules.
La visión opositora encabezada por Héctor Aguilar Camín, entre otros, argumenta que se trata de una alquimia “en donde dos más dos a veces resultan ocho”; habla de atracos numéricos y de una violación constitucional. El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, incluso sugirió reinterpretar el tema mediante un sentido original de la norma constitucional para impedir que las coaliciones sean usadas para cometer un fraude.
¿Cuál de las dos visiones es la correcta? ¿Cuál es la que con su discurso pretende confundir a las audiencias en los medios de información y en las redes sociales?
Si bien la votación que obtuvo la coalición Morena-PVEM-PT el 2 de junio le da a esos partidos la mayoría calificada, el surgimiento de un argumento falaz, que interpreta de forma equivocada la Constitución, trata de ganar terreno para manipular la opinión pública y originar un apoyo que eche para atrás lo ganado por la coalición liderada por Morena en los pasados comicios.
El abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, Andrés Norberto García Repper Favila, un reconocido crítico de los órganos autónomos constitucionales, ha explicado en diferentes medios, la mayoría de ellos independientes, que con el 48 por ciento de los votos, a Morena le corresponde el 53 por ciento (menos del ocho por ciento arriba de su porcentaje de votación). Señala que la oposición sostiene que sumados Morena, PT y Verde tienen el 74 por ciento, pero ya no se refieren a la ex coalición, porque simplemente ya no existe y por lo tanto toman a la coalición que se extinguió el día de la votación como si fuera únicamente Morena; con esto sostiene que la oposición engaña a la gente.
Para tener una mayoría calificada (que permite reformar la Constitución) se requieren 334 votos y la Carta Magna fija que un partido no puede tener más de 300 curules. Esto último fue hecho Ley por los partidos que hoy no lo aceptan, cuya postura ha encontrado eco en los mismos medios tradicionales de siempre, los que pese a que la audiencia les ha dado la espalda, insisten en mantener una narrativa movida por intereses particulares y de grupo.
La última jugada es apelar a la jurisprudencia y la oposición ha puesto ejemplos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se la ha pronunciado, como el caso de Quintana Roo en 1998, cuando el Congreso del estado quiso regalar curules a un partido que no había obtenido el 51 por ciento de la votación. La jurisprudencia en este caso sólo se refiere y aplica para entidades federativas, pero se quiere traspolar a la sobrerrepresentación.
Sin duda, en la lucha por la reforma judicial, los discursos seguirán construyendo la narrativa, una en que los residuos de la oposición tratarán de seguir viciando la opinión pública.