En una sesión clave celebrada por la XVIII Legislatura, los diputados de Morena, Partido Verde, PT y PRI aprobaron la reforma constitucional que extiende el periodo de gestión del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 9 a 12 años.
Esta modificación forma parte de un paquete de reformas que también incluye la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la sustitución de magistrados y la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción.
Amplían permanencia del titular de la FGE
La iniciativa fue sometida a votación sin la asistencia de los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano (MC).
Durante la sesión, los legisladores que participaron dieron luz verde a la ampliación del mandato del Fiscal General, el cual ahora será de 12 años.
Además, se otorgó autonomía a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, cuya titular también ocupará el cargo por 12 años.
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Desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa
Otro de los cambios significativos es la sustitución del Tribunal de Justicia Administrativa por un nuevo órgano dedicado también a combatir la corrupción.
Los actuales magistrados serán reemplazados, y la gobernadora del estado deberá proponer al Congreso ternas para la designación de cinco nuevos magistrados.
Este proceso deberá concluir en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la entrada en vigor del decreto.
Asimismo, se determinó que los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos tendrán un periodo de 7 años en su cargo, con la posibilidad de ser reelegidos.
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Normatividad ambiental
La reforma constitucional fue turnada a los 11 ayuntamientos del estado, quienes deberán ratificarla en los próximos días. Se espera que esta ratificación ocurra a inicios de la próxima semana.
Finalmente, se aprobó una reforma en materia ambiental que prohíbe la inscripción de ventas de proyectos inmobiliarios en el Registro Público de la Propiedad sin contar con las autorizaciones de impacto ambiental correspondientes, una medida que busca frenar el desarrollo irregular en el estado.