El Cabildo de Benito Juárez, liderado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, aprobó de manera unánime una serie de reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, con la finalidad de combatir la corrupción.
Estas modificaciones están orientadas a fortalecer el combate a la corrupción en el estado y a crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
Con estas acciones, se busca reorganizar la estructura administrativa y consolidar la autonomía de los órganos responsables de sancionar la corrupción.
TE PUEDE INTERESAR: Septiembre, mes del testamento: Consejos para proteger tu patrimonio
Aprobación de reformas clave contra la corrupción
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, se avalaron las reformas y adiciones que serán enviadas a los ayuntamientos para continuar su trámite legislativo.
El decreto aprobado establece la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, cuya función principal será sancionar actos ilícitos en la administración pública.
Este tribunal operará bajo principios constitucionales y estará compuesto por cinco magistrados, uno de los cuales será designado como presidente por un periodo de cinco años, con opción a ser reelecto por un periodo adicional igual.
📲 #EnVivo Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo.#CancúnNosUne 🤝https://t.co/0T2aytjui6
— Ayto Benito Juárez (@AytoCancun) September 8, 2024
TE PUEDE INTERESAR: Quintana Roo espera buena derrama económica en fiestas patrias
Requisitos para magistrados y órganos de control
Las reformas también incluyen requisitos específicos para quienes deseen ocupar cargos en las magistraturas y en las jefaturas de los Órganos Internos de Control (OIC).
Estos requisitos buscan homologar la duración de los mandatos de dichos cargos con el del Auditor Superior del Estado, promoviendo mayor coherencia en la duración de sus periodos.
TE PUEDE INTERESAR: Nuevo modelo impulsa el turismo inclusivo y sustentable en Quintana Roo
Autonomía plena para la Fiscalía Anticorrupción
Otra medida destacada es la consolidación de la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que ahora funcionará como un órgano constitucional independiente.
Esta independencia fortalece su capacidad de acción, permitiendo un desempeño más efectivo en la investigación y sanción de actos de corrupción.