Salvador lleva 23 años preso. Actualmente, su hogar es una celda en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, donde cumple una condena indefinida por varios delitos que le fueron imputados tras un robo espectacular: más de tres millones de pesos extraídos del ferry que cruzaba de Cozumel a Playa del Carmen en 1999. Desde aquel entonces, Salvador vive entre rejas, sin certeza de cuánto más le queda por cumplir. Como él, el 67.14% de la población penitenciaria en Quintana Roo sigue a la espera de una sentencia.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en los cuatro Ceresos del estado, 2,528 de las 3,765 personas privadas de libertad no tienen sentencia, quedando en suspenso su destino judicial. Salvador es uno de esos casos:
"El Pirata del Caribe", como se le conoce, enfrenta cargos por homicidio calificado, tentativa de homicidio, ataques a las vías generales de comunicación y el robo millonario. Junto con cuatro compañeros, perpetró uno de los asaltos más recordados en la Península.
El plan que marcó su vida
Salvador, entonces taxista en Cancún, decidió ayudar a algunos amigos en apuros económicos, pero lo hizo de la manera equivocada. Un custodio le propuso interceptar valores, y Salvador reclutó a unos colegas que trabajarían en el ferry.
El plan parecía sencillo: alquilarían una pequeña embarcación para interceptar el ferry en altamar, trasladarían el botín y dejarían a los custodios cómplices a la deriva con chalecos salvavidas para no levantar sospechas.
Sin embargo, no todo salió como se planeó. A último minuto, uno de los cómplices fue reemplazado por alguien ajeno al atraco. Pese a la dificultad, el grupo prosiguió y ejecutó el plan, lanzando a los custodios al mar. Trágicamente, uno de ellos perdió la vida en el proceso; Salvador conjetura que tal vez el pánico lo venció en una situación que para él fue demasiado real.
Aun así, los asaltantes lograron huir con el botín de tres millones de pesos, dinero que pronto repartieron y escondieron, con la esperanza de "perderse" en Cancún hasta que la situación se calmara.
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El desenlace: Una imprudencia fatal
Todo marchaba según lo previsto, hasta que uno de los cómplices, aparentemente desestimando los riesgos, fue a divertirse a Plaza 21, en la salida a Mérida. Ahí conoció a una mujer a quien, en plena ebriedad, le contó su participación en el famoso atraco.
La mujer resultó ser pareja de un policía judicial, quien en poco tiempo facilitó la captura del asaltante. Luego de su confesión, los demás fueron cayendo uno a uno.
Salvador, quien había estado huyendo por varios estados, fue arrestado en Campeche en 2001 y llevado al penal de San Francisco Kobén. Después de varios traslados, fue enviado a Cancún en 2015, donde sigue esperando un fallo definitivo.
La familia y la esperanza de una sentencia
La hija de Salvador, quien prefiere mantener su nombre en reserva, expresa la frustración de su padre por la falta de sentencia tras más de dos décadas.
“Mi papá lleva 23 años recluido, y lo único que busca es que se le dicte una sentencia, lleva cuatro años sin actividad procesal; el Juzgado Cuarto de Distrito claramente no ha hecho su trabajo”, dijo.
Para Salvador, una sentencia representaría la posibilidad de iniciar un proceso de apelación y solicitar un traslado a un penal más cercano a su familia en Campeche.
En sus palabras, Salvador aclara que no busca evadir la justicia, sino que solo desea conocer cuánto tiempo más deberá permanecer recluido.
“La penalidad por homicidio calificado es de 30 años, lo mismo para la tentativa de homicidio; y a mis compañeros coacusados ya les dieron una pena acumulada de 60 años”.
Salvador señaló que la Constitución, antes de la Reforma Judicial de 2008, no permitía condenas superiores a 60 años. Sin embargo, sin una sentencia definitiva, su situación legal sigue en un limbo.
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La realidad de los penales en Quintana Roo
El caso de Salvador es solo un reflejo de la situación penitenciaria en Quintana Roo, donde la mayoría de los reclusos aguarda sentencia. Al 14 de octubre, en el Cereso de Cancún, mil 511 personas siguen sin un fallo judicial, entre ellas 160 mujeres.
En el penal de Chetumal, la cifra asciende a 426; en Solidaridad, a 507; y en Cozumel, a 84. De estos, la persona con más años sin sentencia lleva desde 1996 esperando resolución por el delito de violación.
Además, los penales en el estado enfrentan graves problemas de sobrepoblación. El Cereso de Cancún tiene capacidad para 1,214 personas, pero actualmente alberga 1,929 internos, sobrepasando su capacidad en 715 reclusos. Otros penales como el de Solidaridad también enfrentan condiciones de hacinamiento.
A pesar de que se solicitó la postura del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo sobre el alarmante número de internos sin sentencia, no se obtuvo respuesta.
Mientras tanto, historias como la de Salvador siguen siendo una constante en el sistema penitenciario de México, donde la espera por una sentencia definitiva se vuelve una sentencia en sí misma.