El Gobierno federal publicó el pasado 10 de febrero un decreto mediante el cual se expropian 101 predios de propiedad privada, con una superficie total de 914,693.45 metros cuadrados, para la construcción en los tramos 1 al 6 del Tren Maya.
Los predios afectados están distribuidos en cinco estados del sureste de México: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Expropian predios por utilidad pública
La expropiación se fundamenta en la causa de utilidad pública y forma parte del proyecto de infraestructura más ambicioso de la región en décadas.
Con una extensión de 1,525 kilómetros, el Tren Maya busca mejorar la conectividad entre las principales ciudades y destinos turísticos de la península de Yucatán, impulsando el desarrollo económico y social.
Los terrenos afectados se localizan en distintos municipios de los estados mencionados:
- Chiapas: 11 propiedades en Palenque y La Libertad.
- Tabasco: Seis predios en Tenosique y Balancán.
- Campeche: Ocho terrenos en Candelaria, Escárcega y Champotón.
- Yucatán: 48 terrenos en Mérida, Umán, Kanasín, Izamal y Valladolid, entre otros municipios.
- Quintana Roo: 28 propiedades en Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco.
Impacto económico y social
El decreto subraya que el Tren Maya fortalecerá el turismo y la economía regional, generará empleos, promoverá el desarrollo sostenible y contribuirá a la protección del medio ambiente.
Además, enfatiza la importancia de incluir a las comunidades locales en el proceso, a través de acuerdos de derecho de vía y consultas a los pueblos originarios.
Indemnización a propietarios
Los dueños de los terrenos expropiados recibirán una indemnización basada en los avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin). Asimismo, los predios serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal y estatal correspondiente, garantizando la transparencia del proceso.
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2022 y 2023 se expropiaron 15,678 hectáreas en 28 decretos para el proyecto ferroviario, abarcando tanto terrenos ejidales como inmuebles de propiedad privada.
En Quintana Roo, hasta febrero de 2025, algunos propietarios han impugnado la expropiación por la vía del amparo, aunque hasta el momento ningún juicio ha sido favorable para los particulares.