El Congreso de Quintana Roo aprobó la eliminación del lenguaje generalizado para, en su lugar, utilizar uno neutro de género aplicado de manera general y amplia en todas las leyes secundarias.
En ese tenor, los cambios constitucionales de la XVIII Legislatura a la Constitución estatal, según un comunicado oficial, tiene como objetivo de visibilizar por igual la participación de mujeres y hombres.
La medida fue promovida por el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
Una apuesta por la justicia social
Según Sanén Cervantes, la reforma busca garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, cerrando así una "deuda histórica" con las mujeres de Quintana Roo.
En tribuna, el coordinador de Morena enfatizó que el uso de un lenguaje incluyente es clave para asegurar que niñas, jóvenes y trabajadoras reconozcan que sus derechos están garantizados.
No obstante, la eliminación del lenguaje generalizado ha generado un debate sobre si este cambio es suficiente para transformar la realidad de la equidad de género o si se requiere un enfoque más profundo que contemple medidas estructurales más allá de la semántica legal.
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La brecha salarial y el fortalecimiento municipal
Durante la sesión, también se presentó una iniciativa de reforma constitucional impulsada por legisladores de Morena para garantizar la equidad salarial bajo el principio de "a trabajo igual, salario igual", sin distinción de sexo, género o nacionalidad.
La propuesta también plantea la implementación de mecanismos concretos para erradicar la brecha salarial de género.
Además, se dio lectura a la iniciativa enviada por la presidenta municipal de Solidaridad, Angy Estefanía Mercado Asencio, en representación del Ayuntamiento, para el fortalecimiento de la identidad municipal. Esta propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y estudio.
El reto de la implementación
Si bien la reforma al lenguaje es un paso hacia la inclusión, críticos advierten que este tipo de medidas deben ir acompañadas de políticas públicas concretas que impacten la vida real de las mujeres.
La transformación social requiere no solo cambios en la normativa, sino garantías efectivas para el acceso a oportunidades equitativas en todos los ámbitos.