El problema
En febrero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo.
La CNDH argumenta que los artículos 11 y 21 de dicha ley violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, afectando derechos como la seguridad jurídica, la propiedad privada y el principio de legalidad.
La respuesta
En respuesta, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo presentó una iniciativa de reforma para “dar certeza jurídica plena” a los ciudadanos.
La propuesta fue ingresada al Congreso estatal el 26 de febrero, casi un mes después de la aprobación de la ley y diez días posteriores a la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.
¿Por qué la CNDH impugnó la Ley de Expropiación?
La CNDH señala que algunos de los supuestos para la expropiación y ocupación temporal establecidos en la ley son “demasiado amplios y ambiguos”.
Ello, podría dar lugar a decisiones discrecionales por parte de las autoridades.
Según la Comisión, esta situación vulnera el derecho de propiedad de los ciudadanos.
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La respuesta del Gobierno de Quintana Roo
Carlos Felipe Fuentes del Río, titular de la Consejería Jurídica, afirmó mediante un comunicado que la propuesta de reforma busca precisar de manera clara el marco de actuación de las autoridades y brindar certidumbre jurídica a la población.
La iniciativa fue desarrollada con la participación de representantes:
- El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe.
- El Consejo Hotelero.
- La Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
- La Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo.
Lo anterior, fruto de las mesas de trabajo realizadas en meses anteriores.
El Congreso analiza la reforma
Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aseguró que el Congreso actuó conforme a la ley y a la Constitución al aprobar la iniciativa original enviada por la gobernadora Mara Lezama.
Además, confirmó que se encuentran preparando la respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada ante la SCJN.
La iniciativa de reforma será discutida en el Congreso en las próximas semanas con el objetivo de ajustar la ley a las observaciones planteadas y garantizar el respeto a los derechos humanos y a la seguridad jurídica en la entidad.
Este artículo se basa en una publicación de Ruptura-360. Haz clic para leerla