El litigio que el Gobierno de Quintana Roo ha emprendido contra la concesionaria Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR), se ha convertido en un precedente legal y jurisprudencial en México.
Gobiernos de otras entidades, incluso a nivel municipal, así como despachos de abogados, lo han tomado como un referente y una esperanza en litigios similares, en los que revertir concesiones privadas con contratos leoninos parecía imposible, con más “candados” de seguridad que el penal de El Altiplano.
En Puebla, el gobernador morenista Alejandro Armenta se desistió de una batalla legal que se prolongó por 10 años contra una concesión otorgada por el panista Rafael Moreno Valle.
Molesto, reconoció a inicios de este año públicamente que no cancelará el título de concesión, pues esto perjudicaría las finanzas del estado debido a un contrato que calificó de “perverso”.
Algo similar ocurrió en Veracruz. Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, amplió la concesión de agua para el Puerto hasta 2094. (Sí, 2094). Este fue uno de los pendientes del expresidente López Obrador, quien intentó revocarla.
Sin embargo, debido a las complejidades legales y políticas, hasta el día de hoy la concesión sigue vigente.
Volviendo al caso Aguakan y en línea con los actos de corrupción denunciados pública y penalmente contra gobiernos prianistas, en Quintana Roo, durante la administración del exgobernador Roberto Borge -hoy preso-, la concesión otorgada en 2014 a cambio de mil 55 millones de pesos se realizó de manera irregular.
Los recursos debieron entregarse a los municipios y no al estado, según informó hace unos días la secretaria de Gobierno, Cristina Torres.
El litigio iniciado por el Gobierno de Quintana Roo no sólo ha permitido una revisión exhaustiva del marco legal sobre concesiones, sino que también ha sensibilizado y movilizado a la ciudadanía quintanarroense, que, tras décadas de hartazgo, exige cambios ante tarifas impagables y cortes de servicio que duran horas, días e incluso semanas.
Por ello, con justa razón, las familias cobraron cara la factura a Aguakan en las consultas públicas avaladas por las autoridades electorales, donde la mayoría votó a favor de revocar la concesión, propinando un duro golpe a la empresa.
Actualmente, la presión sobre Aguakan se intensifica. Lo que antes parecía una negativa rotunda a entregar la concesión ahora comienza a desmoronarse.
Inicialmente, la empresa rechazó categóricamente la posibilidad de devolver la concesión y se mantuvo firme en su postura, llegando incluso a acusar -sin pruebas ni fundamentos- una presunta campaña de hostigamiento político por parte de las autoridades.
Sin embargo, esta aparente firmeza se desmoronó en cuestión de horas, cuando se reveló que Aguakan había intentado venderse al Gobierno. La propuesta fue rechazada con contundencia. “Este gobierno no se vende; este gobierno defiende al pueblo. El agua es un derecho, no un privilegio”, declaró tajante la gobernadora Mara Lezama.
Tras este rechazo, apenas 24 horas después, un nuevo comunicado de Aguakan contradecía su postura inicial, dejando entrever que podría entregar la concesión bajo ciertos términos.
No cabe duda de que la presión está haciendo mella.
¿Desconfianza? ¿Desesperación? No sería para menos, especialmente después del respaldo que también fijó la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar la concesión de agua a Aguakan.
El mensaje fue claro: “Estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora en que se entregue la concesión. Entonces, que siga todo el litigio, y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión”, afirmó.
Estos factores están marcando un precedente sobre la facultad de los Gobiernos estatales para revocar concesiones cuando éstas incumplan los términos establecidos o perjudiquen directamente a la población.
Este caso podría fortalecer la capacidad de otros gobiernos para actuar en favor de la ciudadanía, tomando como referencia el trabajo realizado por la gobernadora Mara Lezama, su equipo de asesores técnicos, jurídicos y financieros, así como el gabinete estatal implicado en el Caso Aguakan.