Fin de una era: Aguakan pierde el control del agua en cuatro municipios
El Juzgado Octavo de Distrito, bajo la titularidad del juez Mario Fernando Gallegos León, validó la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la empresa Aguakan ーlegalmente Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)ー para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo: Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
La sentencia, emitida el lunes 14 de abril y publicada este martes 15, marca el cierre de una batalla legal iniciada en diciembre de 2023, cuando DHC promovió un juicio de amparo para frenar la aplicación del Decreto 195, aprobado por la XVII Legislatura del Congreso del estado.
¿Qué determinó el juez?
En el resolutivo del amparo 1323/2023-VIII, el juez concluyó que Aguakan no tenía derechos adquiridos sobre la prórroga anticipada de su concesión, contemplada en el Decreto 250 de 2014, que extendía su vigencia hasta el año 2053.
Al no haber entrado en vigor dicha prórroga, la concesión original venció legalmente el 31 de diciembre de 2023.
Por tanto, la cancelación hecha por el Congreso estatal a finales de 2023 fue válida, y la Justicia Federal determinó que no había elementos suficientes para proteger a la empresa, sobreseyendo el juicio de amparo.
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Lo que sigue: CAPA tomará control del servicio
Con este fallo, se da luz verde a la entrada en vigor del Decreto 195, que establece la transferencia del servicio a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), ente público que asumirá las funciones operativas en los cuatro municipios afectados.
Recursos legales aún en juego
Aunque DHC interpuso un recurso de queja el pasado 26 de marzo, este no suspendió la emisión de la sentencia.
La empresa todavía cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito o solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.
Un juicio marcado por suspensiones y dilaciones
El proceso legal estuvo plagado de suspensiones y recursos interpuestos tanto por DHC como por el Gobierno del Estado y el Congreso local. Aguakan incluso obtuvo una suspensión provisional y luego una definitiva, que le permitieron continuar operando después del vencimiento de la concesión original.
Durante el litigio, el gobierno acusó a la empresa de fraude procesal, mientras que directivos de DHC promovieron amparos contra órdenes de aprehensión, alegando una supuesta persecución jurídica.
El proceso también enfrentó retrasos por el paro nacional del Poder Judicial Federal entre agosto y octubre de 2024, lo que pospuso la audiencia constitucional hasta el 26 de marzo de 2025, fecha en la que finalmente se resolvió que Aguakan no tenía fundamento legal para seguir prestando el servicio.