El Subconsejo para el Manejo del Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito —integrado por los tres órdenes de gobierno, expertos en conservación y organizaciones civiles— entregó una misiva a la gobernadora Mara Lezama, para solicitar la modificación del uso de suelo y declarar la zona como Área Natural Protegida (ANP) estatal.
Esta acción busca garantizar la protección total del hábitat de la tortuga marina y fortalecer el resguardo ambiental en toda la región costera de Chemuyil y Xcacel.
Urgen protección total: ecosistemas interconectados
En el comunicado, los integrantes del SubConsejo reiteraron la necesidad de ampliar el polígono del Santuario de Xcacel-Xcacelito y declararlo como utilidad pública.
Esto incluiría predios actualmente en manos de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo) y de algunos particulares.
“El Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Parque Estatal Selva y Humedales de Chemuyil/Xcacel ya fue entregado. Ahora, solo falta la firma de la gobernadora para proteger Xcacel de manera integral”, declararon.
La propuesta incluye proteger no solo las playas donde desovan las tortugas marinas, sino también ecosistemas clave como:
- Arrecifes.
- Dunas.
- Manglares.
- Selvas.
- Cenotes.
- Ríos subterráneos.
Todos estos elementos fueron excluidos del decreto original del santuario, por lo que se considera urgente su incorporación.
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Apoyo municipal y contexto histórico
Por su parte, el SubConsejo informó que ya entregaron al Ayuntamiento de Tulum la información necesaria para delimitar el polígono de ampliación con densidad cero y establecer una política clara de protección ambiental.
Esta petición busca integrarse en el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Local.
Por su parte, Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), recordó que los predios actualmente excluidos han sido parte de la lucha ambiental desde 1990, cuando inició la propuesta para establecer el ANP de Xcacel-Xcacelito.
El primer decreto fue emitido por el exgobernador Miguel Borge Martín en 1992, pero fue revocado en 1993 durante la administración de Mario Villanueva, lo que permitió la venta de predios estratégicos.
Hoy, la sociedad civil busca revertir ese daño con una protección legal real y permanente.