Una pareja de inversionistas acusa haber sido víctima de una red de defraudadores que opera en el sur de Quintana Roo.
El fraude supera los 5.5 millones de pesos y señalan complicidad de un notario. Exigen justicia a la gobernadora Mara Lezama
Víctimas de red de defraudadores en Quintana Roo
Juan Antonio Cortés Gómez y su esposa, Yesica Yuridia Urias Castro, originarios de la Ciudad de México, decidieron invertir en terrenos en Calderitas, Quintana Roo, motivados por la publicidad oficial que promociona la región como destino seguro para proyectos ecoturísticos.
La pareja adquirió dos predios por un valor de 4 millones de pesos, convencidos por la confianza que les generó la participación de la notaría 109 de Chetumal, encabezada por Manuel Chejín Pulido.
También iniciaron la construcción de su proyecto con una inversión adicional de 1.5 millones.
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Una banda organizada con fachada legal
Tras el inicio de su proyecto, otra persona se presentó como dueña legítima de los predios. Investigaciones posteriores revelaron que los terrenos fueron “vendidos” por una red de defraudadores encabezada por Leonardo Álvarez Campuzano, procesado penalmente y portador de brazalete electrónico.
La banda falsificaba documentos de la Sedatu para simular posesión legal y gestionaba cesiones de derechos, aún cuando están prohibidas por la Ley de Lavado de Dinero desde 2010. También están involucrados Emanuel y Óscar Zarsoza, Patricia Pérez Heredia, Belsy Noemí Mena Aranda y Jesús Antonio Lagos, administrador de la página “Casas Chetumal”.
Denuncias sin avances y amenazas
La pareja interpuso dos denuncias en 2023 que fueron ampliadas en 2024 ante la Fiscalía General del Estado (carpetas 5351/2024 y 5352/2024), y otra más ante la Fiscalía Anticorrupción por la dilación del proceso.
Aseguran que el notario los amenazó directamente cuando comenzaron las acciones legales.
El abogado Jesús Contreras, especialista en terrenos nacionales, denunció amenazas similares y alertó sobre el modus operandi de esta banda, que se replica en otras regiones como Cancún, Cozumel y Mérida, con fraudes valuados en decenas de millones de dólares.
“Nos sentimos desprotegidos”: víctimas piden justicia a Mara Lezama
Los inversionistas afirman haber perdido todo y temen por su seguridad si regresan al estado. Piden a la gobernadora Mara Lezama que actúe con firmeza y garantice el estado de derecho. Denuncian un entorno de impunidad que desalienta la inversión y pone en riesgo a más personas.
El abogado señala que solo tres de cada diez casos similares alcanzan justicia, debido a los plazos de prescripción y la ineficacia institucional.
Este artículo se basa en una publicación de Ruptura-360; haz clic y conócela.