Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aclaró cuál es el alcance de su labor en relación con el caso del proyecto inmobiliario Adamar, ubicado en la Bahía de Solimán, Tulum, al que un juzgado federal ordenó garantizar la restauración ambiental tras dictaminar la demolición de la obra.
¿No te enteraste?
Prevención, no sanción: rol de la Profepa en Tulum
“No está en mi área, sino en las otras tres subprocuradurías dedicadas al control, inspección, vigilancia y sanción.
La dependencia a mi cargo se enfoca en la prevención de incumplimientos a la ley ambiental, con el fin de evitar daños al ecosistema. No es nuestra función dar seguimiento a los casos, sino actuar antes de que ocurran”, explicó Rojas Rueda.
El funcionario destacó que es fundamental que se conozcan las herramientas de prevención para evitar situaciones como las que actualmente ocurren en Tulum, donde algunos desarrollos no cumplen con la legislación ambiental.
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Procedimientos ante irregularidades
En caso de recibir denuncias, la subprocuraduría realiza inspecciones y, si detecta irregularidades, inicia procedimientos administrativos que pueden derivar en sanciones obligatorias para los responsables. “Una vez firmes, dichas sanciones deben cumplirse obligatoriamente”, puntualizó.
Promoviendo buenas prácticas en zonas turísticas
Rojas Rueda agregó que en muchas zonas costeras, especialmente en destinos turísticos, algunos empresarios desarrollan proyectos sin cumplir con todas las normativas ambientales, lo que conlleva sanciones.
Para prevenir esto, su área acompaña a los desarrolladores desde la planeación del proyecto hasta la construcción y operación, garantizando el cumplimiento de mejores prácticas.
Cumplir con la normativa ambiental, subrayó, permite a los desarrolladores obtener el Distintivo de Calidad Ambiental Turística otorgado por la Secretaría de Turismo, incentivando el desarrollo responsable en zonas turísticas.