Durante los gobiernos anteriores, el Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo fue escenario de prácticas irregulares que permitieron el despojo de propiedades a ciudadanos y empresarios. Investigaciones periodísticas documentaron casos de venta irregular de predios, en algunos casos a precios considerablemente inferiores a su valor real, beneficiando a familiares y allegados de funcionarios de alto nivel.
Asimismo, se identificó la operación de una red de funcionarios públicos que utilizaba juicios laborales amañados y falsificación de documentos para despojar de bienes a ejidatarios, particulares y empresarios del estado, generando un entorno de inseguridad jurídica y desconfianza en la gestión de los registros de propiedad.
Con la llegada de la gobernadora Mara Lezama, se emprendió un proceso de transformación integral en el Registro Público de la Propiedad.
Mariann González Pliego Castillo asumió la dirección con la encomienda de modernizar y digitalizar un organismo que operaba con un sistema obsoleto y desgastado por décadas de negligencia y corrupción, enfrentando un reto histórico en la administración pública estatal.
Hoy, gracias a un esfuerzo conjunto, se ha logrado digitalizar más de 3 millones de registros provenientes de las 4 delegaciones del estado, centralizando la información en un sistema único y accesible. Este avance permite la INALTERABILIDAD de los documentos y la implementación de elementos de seguridad, como la firma electrónica avanzada, el sello de tiempo y espacio, y el código QR de validación, garantizando a los ciudadanos certeza jurídica sobre la propiedad de sus bienes.
Este proceso constituye un avance sin precedentes que transforma radicalmente la manera en que Quintana Roo protege la propiedad privada, otorgando seguridad y tranquilidad a quienes han construido su patrimonio con esfuerzo y dedicación.
Uno de los logros más recientes, anunciado apenas esta semana tras dos años de trabajo, es la creación del Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO), que integra tres portales esenciales: el Portal Ciudadano, el Portal de Autoridades y el Portal de Notarios. A través del Portal Ciudadano, los usuarios pueden realizar trámites de manera directa y sin intermediarios, recibiendo los documentos solicitados por correo electrónico, lo que facilita el acceso y reduce significativamente los tiempos de espera.
Entre las innovaciones más relevantes destaca el servicio de “Alerta Inmobiliaria”, una herramienta que, mediante un costo mínimo, permite a los ciudadanos recibir notificaciones inmediatas sobre cualquier movimiento realizado en sus propiedades. Esta medida preventiva fortalece la protección de los bienes raíces y asegura que cualquier intento de irregularidad pueda ser detectado y denunciado oportunamente ante la autoridad competente.
En términos concretos, Quintana Roo ofrece hoy un nivel de seguridad y transparencia en el registro de propiedades que era impensable hace apenas unos años. Estos avances son resultado del liderazgo decidido y del compromiso de mujeres profesionales dedicadas a la ética y la eficiencia en la administración pública.
El estado, que depende en gran medida del turismo y de la inversión inmobiliaria, encuentra en la certeza jurídica un factor estratégico que influye directamente en la confianza de inversionistas y desarrolladores. La modernización del Registro Público de la Propiedad representa un estímulo real para el crecimiento económico, la formalización del sector inmobiliario y la consolidación de Quintana Roo como un destino confiable y competitivo para la inversión nacional e internacional.
Además, la digitalización del sistema promueve la inclusión tecnológica y la participación ciudadana, permitiendo que cualquier quintanarroense, sin importar su ubicación, pueda realizar trámites esenciales, recibir notificaciones inmediatas y actuar con pleno conocimiento sobre su patrimonio.
La experiencia de Quintana Roo debe servir como modelo para otros estados del país.
Este logro es, en efecto, un salto monumental hacia la transparencia, el orden y la justicia, poniendo fin a décadas de discrecionalidad y abuso, y ofreciendo a cada ciudadano la tranquilidad de que su patrimonio está protegido de manera eficaz, moderna y confiable.