El Observatorio Legislativo de Quintana Roo alertó sobre deficiencias y riesgos en la operación del nuevo sistema judicial del estado, que comenzó a funcionar el pasado 1 de septiembre tras la reforma aprobada en 2023.
Reformas y nombramientos en el Poder Judicial
El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, recordó que la reforma implicó la instalación de nueve magistrados que, junto con dos que permanecían en funciones, conforman el pleno de 11 integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
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Además, iniciaron operaciones el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, ambos con presidencias de cuatro años. También se designaron titulares para las 10 salas judiciales del estado, aunque el observatorio señaló errores ortográficos y referencias equivocadas en los acuerdos publicados en el Periódico Oficial.
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Preocupa al Observatorio Legislativo la falta de experiencia
Entre las principales observaciones, Galaviz Ibarra destacó que algunos magistrados carecen de experiencia en materia judicial, lo que podría retrasar procesos y generar fallos deficientes. Subrayó que esto es especialmente delicado en casos penales, donde un error judicial puede tener consecuencias graves.
Uno de los casos más polémicos es el de un magistrado impugnado por no cumplir con el requisito legal de contar con al menos cinco años de cédula profesional, ya que su documento fue expedido en 2022. Según el Observatorio Legislativo, esta situación representa un riesgo adicional al no tener trayectoria en litigio.
Sala Constitucional y autonomía cuestionada
El Observatorio también criticó la creación de la Sala Constitucional, al considerar que tendrá poca actividad porque es improbable que los municipios interpongan controversias contra decisiones del Ejecutivo estatal.
Asimismo, advirtió sobre la cercanía de algunos magistrados con partidos y grupos políticos, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
Riesgos en el Órgano de Administración Judicial
Otra preocupación señalada es el diseño del Órgano de Administración Judicial, que integra representantes de los tres poderes. Aunque actualmente su presidencia recayó en un perfil propuesto por el Poder Judicial, en los próximos años podría quedar bajo control de representantes vinculados al Ejecutivo, generando riesgos de injerencia política.
“Más allá de la modernización que se prometió, lo que vemos es un sistema con debilidades técnicas y riesgos de interferencia política en las decisiones judiciales”, concluyó Galaviz Ibarra.