Al menos tres notarías de Quintana Roo están bajo investigación penal por su posible implicación en fraudes inmobiliarios, confirmó la secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez.
La funcionaria explicó que los despachos ya fueron notificados por la Dirección de Notarías.
También subrayó que, si se acredita su responsabilidad y existe una sentencia judicial, las licencias serán revocadas.
No obstante, evitó revelar la identidad de las notarías.
TE PUEDE INTERESAR: Conagua: mantiene Quintana Roo vigilancia a otra posible formación ciclónica en el Atlántico
Notarías de Quintana Roo bajo la lupa
“En temas penales son tres y en administrativos son varias”, precisó al referirse a los procesos abiertos.
El anuncio se dio tras cuestionamientos sobre el papel de algunas notarías en operaciones detectadas como fraudulentas.
Además de que la Fiscalía General del Estado informara la detención de Ernesto y Cristopher Mahanaim, acusados de defraudar a 22 personas en Cancún.
También y de acuerdo con testimonios, las víctimas eran citadas en oficinas notariales para firmar contratos de servicios y de derechos litigiosos, lo que daba apariencia de legalidad.
TE PUEDE INTERESAR: FGE logra vinculación a proceso por delito de violación contra menor en Cancún
Exhortan a verificar en el Registro Público
Ante ello, Cristina Torres Gómez exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la propiedad de un inmueble en el Registro Público y en dependencias como Desarrollo Urbano y la Sedetus antes de realizar cualquier trámite.
Asimismo, la secretaria recordó que, en la mesa de Certeza Inmobiliaria que se lleva a cabo junto con el empresariado, se ha reiterado que incluso las preventas deben estar reguladas.
Además, recomendó evitar la compra de terrenos sin servicios y permisos, ya que la ley exige contar con ambos requisitos.
TE PUEDE INTERESAR: Conductores: Aquí tienen los cierres viales en Cancún para hoy jueves
Consecuencias de la ocupación ilegal de predios
Sobre las invasiones de predios, advirtió que quienes ocupan terrenos de manera ilegal no pueden exigir servicios públicos, pues se trata de una conducta delictiva.
Aclaró que, si bien algunos ciudadanos son víctimas de engaños, otros participan de forma recurrente en tomas de tierra.
Finalmente, Torres Gómez advirtió que la ocupación ilegal frena la inversión y priva a muchas familias de un patrimonio seguro, por lo que reiteró que la alternativa es acceder a los programas de vivienda impulsados por el gobierno.