En Quintana Roo, la compraventa de bienes inmuebles es un trámite legal que requiere seguir pasos específicos para garantizar la seguridad jurídica de las partes involucradas.
Antes de proceder, es fundamental consultar el Registro Público de la Propiedad para confirmar que el vendedor es el legítimo propietario del inmueble y que no existen gravámenes o disputas legales, informó Rajiv Heredia González, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Sureste (AIS).
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Terrenos ejidales: un desafío legal en Quintana Roo
La venta de terrenos ejidales en Quintana Roo representa uno de los mayores desafíos para los compradores y para el registro formal de la propiedad; para que un terreno ejidal pueda inscribirse en el Registro Público, es necesario que cuente con escritura pública, que el ejido esté emancipado y que disponga de su cédula catastral municipalizada.
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Riesgos legales y fraudes frecuentes
Muchos de estos predios se comercializan sin cumplir con dichos requisitos, lo que genera riesgos legales y financieros para los adquirentes.
“Los terrenos ejidales no pagan predial, y el problema de los fraudes surge cuando los subdividen y venden sin ley que los respalde, porque pertenecen a la Ley Agraria. No cuentan con servicios como agua, drenaje o electricidad, pero los venden al usuario con la promesa de que se municipalizarán”, explicó un especialista del sector.
Esta situación ha derivado en numerosos casos de fraude inmobiliario, donde los compradores quedan atrapados con propiedades imposibles de regularizar o desarrollar adecuadamente. Por ello, autoridades y expertos recomiendan verificar siempre la emancipación del ejido, la municipalización y la legalidad del documento de venta antes de realizar cualquier transacción.
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Jurisdicción y marco legal para proteger el patrimonio
De acuerdo con Mario González Pliego Gutiérrez, miembro de la Barra de Abogados de Quintana Roo, “si a una persona se le realiza una doble venta o existen secciones de derechos apócrifas en un ejido, debe acudir a las instancias de derecho agrario, ya que siempre ha sido una competencia federal, aunque en Quintana Roo existen tribunales agrarios”.
El especialista precisó que cualquier propiedad que se encuentre fuera de la órbita del ejido y cuente con un título registrado en el Registro Público de la Propiedad entra en la jurisdicción de jueces civiles locales, lo que evidencia que la distinción entre propiedad ejidal y propiedad privada es fundamental para determinar los procedimientos legales aplicables.
Este marco legal refuerza la importancia de verificar la titularidad y regularidad de los terrenos antes de concretar cualquier transacción, especialmente en el caso de los ejidales, donde la falta de municipalización y de servicios básicos aumenta los riesgos de fraude.