Por fin, la Cámara de Diputados dio un paso que, al menos en el papel, puede cambiar la historia de nuestras playas. 

Con 465 votos a favor aprobaron una reforma que obliga a concesionarios y permisionarios a garantizar el libre acceso a las playas y a las áreas naturales protegidas, al menos un día a la semana.

Un paso valioso, sin duda; aunque debemos ser honestos, la problemática de la privatización silenciosa de nuestras costas es de larga data y no se resolverá de la noche a la mañana.

Pero el mensaje político es claro, el gobierno y los legisladores quieren que el mar y la arena, nuestro patrimonio colectivo, sean accesibles para todos.

La gobernadora Mara Lezama ha insistido en que Quintana Roo no puede ser solo un destino turístico de lujo, nuestras playas deben ser un espacio compartido, donde todas las familias tengan derecho a disfrutar del litoral sin barreras. 

Nuestro estado es un tesoro natural. Con más de 1,100 kilómetros de costa, Quintana Roo cuenta con playas que son orgullo mundial: desde Cancún y Playa del Carmen hasta Mahahual y Xcalak, pasando por los arenales de Tulum y sus parques naturales. 

Estos lugares concentran biodiversidad, belleza y tradición, y la idea de que todos podamos acceder a ellos sin pagar porque este patrimonio no es exclusivo de desarrollos turísticos ni de privados.

La reforma es contundente en la letra: prohíbe cobrar cuotas, crear un Registro Nacional de Accesos a Playas y exige que los municipios y la Semarnat garanticen al menos un día de acceso gratuito semanal. Sin embargo, debemos ser cautelosos.

La implementación será el verdadero reto. Las concesiones existentes y los intereses privados pueden hacer que lo que en el papel parece un triunfo se traduzca lentamente en cambios visibles para la ciudadanía.

Es importante reconocer que este avance legislativo también envía un mensaje político potente: el Gobierno de Quintana Roo apuesta por equilibrar desarrollo y conservación, por proteger los derechos de quienes vivimos y trabajamos aquí, y por qué las inversiones privadas convivan con el interés público.

No es un enfrentamiento con el sector privado, sino un intento de que todos podamos compartir el progreso sin que nadie quede excluido.

La privatización de nuestras costas y los obstáculos para el acceso libre son problemas históricos que requieren vigilancia, compromiso, participación ciudadana y voluntad política, como la ahora impulsada por la gobernadora Mara Lezama y el presidente municipal Diego Castañón.