Censura disfrazada de contrato
La cancelación de un servicio de producción de video previamente autorizado por el diputado Jorge Sanén Cervantes a una empresa local, bajo el argumento de su vínculo con Rafael Marín Mollinedo, revela una práctica preocupante: el uso del poder legislativo para castigar afinidades políticas.
Que un proveedor sea vetado por colaborar con un aspirante a la gubernatura, también militante de Morena, muestra que la competencia interna se ha convertido en motivo de exclusión.
Sanén Cervantes, como presidente del Consejo Estatal de Morena y coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, debería garantizar pluralidad y respeto a la libre asociación, no imponer castigos por afinidades.
Esta decisión no sólo afecta a una empresa, sino que manda un mensaje claro: en Quintana Roo, la lealtad partidista se mide en contratos. ¿Es este el modelo de democracia que se defiende desde el Congreso? ¿O sólo una forma de blindar intereses personales bajo el sello de la institucionalidad? ¿Será?
¿Orden o simulacro administrativo?
La Dirección de Fiscalización de Benito Juárez presume haber inspeccionado 12 mil negocios en un mes, de los que detectó 550 sin licencia y clausuró apenas 30. Aunque el dato parece reflejar eficiencia, también revela una tolerancia extendida que contradice el discurso de orden.
¿Cómo es posible que cientos de establecimientos operen sin permisos y sólo una treintena enfrente consecuencias reales? La afirmación de que todos deben estar en regla este año suena más a deseo que a política pública.
Mientras tanto, los operativos nocturnos se anuncian como rutina, pero sólo un bar ha sido clausurado por incumplir horarios. ¿Es que todos cumplen o simplemente se mira hacia otro lado? La fiscalización no puede ser selectiva ni decorativa. Si el objetivo es garantizar la legalidad, debe aplicarse con rigor, sin excepciones ni simulacros. ¿Será?
Ricalde y Marín: ¿alianza en construcción?
La reunión entre Julián Ricalde Magaña y Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, no pasó desapercibida en el ajedrez político del estado.
Ricalde Magaña, con capital político consolidado en Isla Mujeres —donde su sobrina Atenea Gómez Ricalde gobierna—, representa una figura con peso territorial y experiencia electoral. Marín Mollinedo, por su parte, busca ampliar su base de apoyo más allá de los círculos federales.
El encuentro sugiere más que cortesía institucional: podría ser el inicio de una alianza estratégica rumbo a 2027. En un contexto en el que Morena y sus aliados reconfiguran fuerzas, sumar liderazgos locales es clave para asegurar competitividad.
¿Es Ricalde Magaña el puente hacia una estructura más amplia o sólo un interlocutor coyuntural? En política, los gestos también construyen candidaturas. ¿Será?