PRI, el partido del fracaso que critica lo que nunca supo resolver
El PRI en Quintana Roo pretende erigirse como voz crítica frente al Gobierno de Morena, pero su discurso es pura simulación. ¿Con qué autoridad habla un partido que dejó al estado hundido en corrupción, endeudamiento y abandono del campo? Hoy, Cora Amalia Castilla acusa inseguridad y crisis, olvidando que el PRI fue responsable de décadas de impunidad y de la entrega del patrimonio público a intereses privados.
Morena enfrenta retos enormes, sí, pero ha destinado recursos históricos a salud, infraestructura y programas sociales, mientras el PRI sólo ofrece nostalgia de un sistema que lucró con la pobreza y la desigualdad cuando fue gobierno.
Los señalamientos de desplome turístico y abandono rural representan la misma retórica vacía de quienes nunca dieron soluciones reales. Quintana Roo no necesita el regreso del PRI, necesita profundizar la transformación que Morena impulsa con transparencia y compromiso social. ¿Será que el PRI sólo sabe criticar lo que jamás supo gobernar?
El espejismo que amenaza a Tulum
El Colegio de Valuadores de Quintana Roo advierte que al menos 10 por ciento de las operaciones inmobiliarias se realizan sin licencia de fraccionamiento, un fraude que expone a compradores -sobre todo foráneos- a perder su patrimonio.
Lo grave es que esta práctica se ha normalizado: desarrolladores buscan liquidez rápida y levantan proyectos sin cumplir con la ley, mientras autoridades municipales miran hacia otro lado.
El caso más crítico es Tulum, donde el boom inmobiliario se desploma: ventas caen 30 por ciento, la plusvalía se estanca y el desencanto extranjero amenaza con convertir al destino en un pueblo fantasma.
La falta de regulación y supervisión ha creado un mercado insostenible, alimentado por promesas vacías y documentos irregulares. Quintana Roo no puede seguir siendo tierra fértil para la especulación y el engaño. Frenar los desarrollos ilegales es urgente si se quiere salvar la confianza y el futuro económico del estado. ¿Será?
Seguridad a costa de la selva
El avance del complejo militar en Chetumal, pese a la negativa de Semarnat, es una muestra brutal de cómo la Defensa se coloca por encima de la ley ambiental. La construcción sobre más de 74 mil metros cuadrados de selva sin autorización y con un cambio de uso de suelo ejecutado ilegalmente refleja un desprecio absoluto por la normatividad y por el derecho ciudadano a un medio ambiente sano.
No sólo se violaron artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también se omitieron pagos de derechos, confirmando que la obra se levanta bajo la lógica de la impunidad.
Mientras se presume orden interior y seguridad nacional, lo que se impone es un modelo militar que arrasa con el patrimonio natural y erosiona la credibilidad institucional. La pregunta es inevitable: ¿qué seguridad puede ofrecer un proyecto que nace de la ilegalidad y la devastación ambiental? La selva paga el precio de la soberbia castrense. ¿Será?