Luego de las sanciones a un resort en la Riviera Nayarit por parte de Estados Unidos que liga operación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que hay otros casos en estados del país.
TE PUEDE INTERESAR: Quintana Roo fortalece su liderazgo turístico con la nueva Guía de Buceo del Caribe Mexicano

Caso de Puerto Vallarta en manos de la FGR
Asimismo y durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Irapuato, Guanajuato, el funcionario federal dijo que en el caso de Puerto Vallarta será la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien presentará la denuncia.
Además, al ser cuestionado sobre el caso, el funcionario indicó que existe una investigación en proceso y que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de proporcionar información oficial conforme avancen las indagatorias.
García Harfuch añadió que no se trata de un caso aislado, pues hay otras investigaciones abiertas en distintos estados de la República, relacionadas con posibles operaciones financieras o empresariales vinculadas con grupos delictivos.
TE PUEDE INTERESAR: Buscan a joven desaparecida en Tulum; localizan a 2 menores, entre ellas una originaria de EU
FGR coordina investigaciones por posibles vínculos financieros
“Pero sí hay otros casos en otros estados de la República”, refirió el funcionario federal, al subrayar que las indagatorias no se limitan a un solo destino turístico.
El señalamiento ocurre después de que la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionara al resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Riviera Nayarit, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Requieres de una silla de ruedas o alguien de tu familia, o lentes de armazón? Checa este dato
Sanciones de EU por fraude de tiempos compartidos
Según el comunicado oficial, la red señalada habría operado un esquema de fraude en la venta y reventa de tiempos compartidos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades estiman pérdidas por cientos de millones de dólares.
Las medidas implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y la prohibición de transacciones con personas o empresas de ese país. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera amplió su lista de bloqueos en México.

