Plan B de reforma electoral omite crimen organizado como riesgo central para la democracia, advirtió la senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón durante una conferencia en el Senado.
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Además, la legisladora señaló que la propuesta en discusión prioriza cambios en la revocación de mandato.
Por ello, consideró que se dejan de lado temas fundamentales.
Plan B de reforma electoral omite crimen organizado en campañas
La senadora del Partido Acción Nacional afirmó que la iniciativa impulsada por Morena no atiende el riesgo de financiamiento ilícito en procesos electorales.
En ese sentido, subrayó que una reforma integral debe impedir la participación del crimen organizado en campañas.
Además, propuso sanciones severas para quienes reciban recursos ilegales.
Por lo tanto, planteó incluso la pérdida de registro para partidos involucrados.
Cuestionan cambios a la revocación de mandato
La legisladora criticó que la propuesta centre sus modificaciones en la figura de revocación de mandato, lo cual podría desvirtuar su esencia ciudadana.
Asimismo, explicó que uno de los cambios plantea adelantar este ejercicio al segundo año de gobierno.
De hecho, se propone que coincida con elecciones intermedias.
En consecuencia, advirtió que esto podría abrir la puerta a su uso político-electoral.
Alertan sobre posible uso político del mecanismo
Según Mayuli Martínez Simón, permitir que la revocación coincida con procesos electorales generaría ventajas indebidas para quienes están en el poder.
Además, cuestionó que se permita a la persona sujeta a revocación promover el voto a su favor.
En ese sentido, consideró que esta medida transforma el mecanismo en una “ratificación”.
Por lo tanto, se pierde su propósito original ciudadano.
Señalan riesgos para la equidad democrática
La senadora también advirtió que la propuesta podría generar condiciones desiguales en la contienda electoral.
Sin embargo, señaló que mientras se permitiría promoción desde el Ejecutivo, otros actores seguirían limitados.
Por ello, consideró que se rompe la equidad entre participantes.
Finalmente, concluyó que sin atender el financiamiento ilícito y con cambios polémicos, la reforma podría debilitar la democracia.