Congreso, sin rumbo
La postura de Jorge Sanén Cervantes frente al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revela una preocupante falta de claridad y compromiso con la austeridad que exige la ciudadanía.
El legislador reconoce que el Congreso de Quintana Roo opera con un presupuesto cercano al 0.9 por ciento del total estatal, cuando la propuesta federal establece un tope del 0.7 por ciento. Eso implica un recorte de más de 180 millones de pesos, pero Sanén Cervantes se limita a declaraciones ambiguas sobre “analizar ajustes” sin detallar cómo se van a aplicar.
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La omisión es grave: el artículo 134 constitucional obliga a que el gasto público se ejerza con eficiencia y racionalidad, y el Congreso no puede ser la excepción. Al negarse a plantear una reingeniería interna, Sanén Cervantes se convierte en cómplice de la protección de privilegios y posterga decisiones que deberían fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. El silencio sobre los ajustes es, en sí mismo, un retroceso democrático. ¿Será?
Justicia social, en marcha
El incremento de proyectos de electrificación en zonas vulnerables de Benito Juárez, que pasan de 10 obras en 2025, a 22 en 2026, es una señal positiva de compromiso con la ciudadanía más rezagada.
Con una inversión superior a 400 millones de pesos y la coordinación entre el Ayuntamiento, la CFE y los comités vecinales, se garantiza que el beneficio llegue directamente a las familias, sin intermediarios que antes lucraban con la necesidad.
Este modelo no sólo dota de energía eléctrica a 500 hogares, sino que también ordena el crecimiento urbano, fortalece la seguridad y abre la puerta a otros servicios básicos. La electrificación es más que infraestructura: es dignidad, certeza y justicia social para comunidades que durante años vivieron en la sombra de la irregularidad. Quintana Roo avanza hacia un desarrollo más equitativo. ¿Será?
Profepa debe ser firme
El proyecto Perfect Day México de Royal Caribbean expone nuevamente la fragilidad de la planeación ambiental en Quintana Roo. Aunque Profepa advierte que todo desarrollo debe ajustarse a los ordenamientos ecológicos, la postura empresarial y política suele torcer las reglas para favorecer inversiones privadas.
Esa práctica es inadmisible: los ordenamientos no son un trámite burocrático, son instrumentos legales que garantizan el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, respaldados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ignorar la presión sobre los acuíferos y el crecimiento poblacional sería un error histórico. Sanear el turismo implica respetar límites claros, no maquillarlos. Si se cede ante intereses privados, Mahahual corre el riesgo de repetir el modelo depredador que ya ha devastado otras zonas del Caribe. La ciudadanía debe exigir que la ley se cumpla sin excepciones. ¿Será?