El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta obstáculos legales para sancionar la proliferación de bardas con mensajes políticos en Quintana Roo, una práctica que ha generado inconformidad ciudadana. Aunque el organismo puede recibir denuncias, su margen de acción depende de criterios jurídicos específicos que, en muchos casos, no se cumplen.
Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo del INE en la entidad, explicó que la autoridad electoral no puede intervenir de manera automática. La revisión de estos casos depende tanto del ámbito de competencia como del contenido del mensaje denunciado.
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Vacíos legales del INE limitan sanciones efectivas
El INE subraya que no actúa de oficio en estos casos. Para iniciar cualquier procedimiento, es indispensable una denuncia formal. Además, los actores políticos suelen diseñar sus mensajes para evitar sanciones.
“Los partidos y aspirantes conocen la ley, por eso evitan llamados directos al voto o mencionar cargos”, explicó Ruiz Castellot.
Esta estrategia aprovecha zonas grises de la legislación electoral. Para que una barda sea considerada ilegal, deben acreditarse tres elementos: tiempo, modo y lugar. La ausencia de frases explícitas como “vota por” dificulta que se configure una infracción.
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Requisitos legales complican castigos
Aunque algunas bardas han sido retiradas, las sanciones económicas o administrativas rara vez prosperan. Según el funcionario, incluso cuando se presenta una queja, no siempre se logra demostrar una falta conforme a la normativa vigente.
Esto genera una percepción de impunidad entre la ciudadanía, que observa cómo la propaganda política se mantiene visible sin consecuencias claras.
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IEQROO replica el criterio ante quejas ciudadanas
A nivel local, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ha resuelto múltiples casos en la misma línea. La Comisión de Quejas y Denuncias ha determinado que, pese al descontento social, muchas de estas pintas no pueden clasificarse como actos anticipados de campaña.
Mientras no se reforme la legislación electoral, estas prácticas continuarán operando dentro de los límites legales, dejando a las autoridades con herramientas limitadas para regular la promoción política en espacios públicos.
