Al menos 598 mexicanos deportados en Quintana Roo durante 2026 han llegado al estado tras ser expulsados de Estados Unidos, buscando reconstruir su vida en uno de los principales polos económicos del país. Sin embargo, muchos enfrentan una crisis humanitaria marcada por falta de documentos, empleo, refugio y apoyo institucional.
Marilyn Torres Leal, presidenta de Fundación Cisvac, advirtió que la mayoría de los deportados regresa sin actas de nacimiento, identificación oficial o recursos económicos, lo que limita severamente su reintegración social.
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“Todos ellos se sienten migrantes en su propio país”, afirmó.
Deportados enfrentan vulnerabilidad extrema en Quintana Roo
La activista denunció que el programa federal “Bienvenido al Paisano” no opera en Quintana Roo, dejando a cientos de personas sin orientación legal ni asistencia básica.
Sin documentos oficiales, los deportados enfrentan barreras para:
- Obtener empleo formal
- Rentar vivienda
- Acceder a servicios públicos
- Regularizar su situación jurídica
Además, la entidad no cuenta con refugios o albergues temporales especializados para atender esta población.
Fundación Cisvac cubre vacío institucional
Ante la ausencia gubernamental, la Fundación Cisvac ha brindado apoyo humanitario básico, alojamiento provisional y acompañamiento para regularización documental.
Desde el inicio de las deportaciones, la organización ha atendido a 2,340 personas en movilidad, de las cuales 1,700 fueron asistidas solo en 2026.
De ese total, 598 personas —mexicanos y extranjeros— han sido colocadas laboralmente, principalmente en el sector hotelero, aprovechando habilidades como el dominio del inglés.
Crece presión social en Cancún y Quintana Roo
La falta de infraestructura social ya comienza a evidenciarse en espacios públicos, donde algunas personas deportadas sobreviven en campamentos improvisados.
Torres Leal alertó que esta problemática ya representa un desafío de derechos humanos y políticas públicas.
“¿Qué cuesta habilitar un albergue provisional para estas personas?”, cuestionó.
Migración y derechos humanos: un reto urgente
Aunque autoridades locales argumentan que la atención corresponde al gobierno federal, especialistas consideran que Quintana Roo necesita mecanismos inmediatos de respuesta social debido a su creciente papel como receptor de población deportada.
La situación expone un vacío institucional que podría intensificarse conforme aumenten las deportaciones desde Estados Unidos.
