Las Madres buscadoras de Quintana Roo anunciaron que intensificarán sus protestas en eventos públicos, luego de que un cerco de seguridad les impidiera acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración del Puente Nichupté, en Cancún.
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Madres buscadoras exigen atención a sus reclamos
“Si no nos escuchan aquí, nos van a ver en cada evento, no vamos a dejar de alzar la voz”, advirtieron integrantes del colectivo.
Asimismo, denunciaron falta de atención a los casos de desaparición en el estado.
Además, las manifestantes, acompañadas por familiares de María Adela Morales Correa, señalaron que, pese a intentar dialogar con la mandataria, fueron contenidas.
También señalaron a los elementos de seguridad quienes le impidieron el paso en las inmediaciones del evento.
El reclamo principal de las Madres buscadoras se centró en la desaparición de María Adela Morales Correa, joven de 26 años originaria de Chetumal, cuyo paradero se desconoce tras haber sido dada de alta de un instituto de salud mental en la Ciudad de México sin notificación a su familia.

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Protesta pacífica genera afectaciones viales en Cancún
Las integrantes del colectivo denunciaron posibles irregularidades en el manejo del caso, así como omisiones por parte de autoridades, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus familiares.
La movilización se desarrolló de manera pacífica e incluyó un bloqueo parcial sobre el bulevar Kukulcán, una de las principales vías hacia la Zona Hotelera y el aeropuerto internacional.
Elementos de tránsito implementaron desvíos para mitigar la congestión vehicular.
El colectivo reiteró que su objetivo es visibilizar la crisis de desapariciones en Quintana Roo y exigir respuestas claras de las autoridades.

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Anuncian nuevas movilizaciones en eventos públicos
Ante la falta de diálogo directo con autoridades federales, las Madres buscadoras adelantaron que mantendrán su presencia en actos públicos y no descartan nuevas protestas en puntos estratégicos de Cancún.
Finalmente, insistieron en que la intervención del gobierno federal es clave para acelerar los procesos de búsqueda y garantizar justicia para las familias afectadas.


