Ambientalistas y ciudadanos impulsan una recaudación de firmas virtual para revertir las recientes modificaciones al PDU de Othón P. Blanco. La iniciativa busca frenar los cambios de uso de suelo aprobados en diciembre de 2025, al considerar que mantienen en riesgo latente los ecosistemas vulnerables de Mahahual, a pesar de que la empresa Royal Caribbean Group ya se desistió del proyecto turístico "Perfect Day México".
La petición, alojada en la plataforma Change.org, es promovida por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y ya roza las mil firmas de apoyo ciudadano.
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Alertas por riesgos ambientales tras modificaciones al PDU de Othón P. Blanco
El reclamo social está dirigido formalmente al Ayuntamiento de Othón P. Blanco y a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Los promoventes argumentan que la actualización urbana dejó la puerta abierta al desarrollo inmobiliario masivo en una región ambientalmente sensible que alberga:
- Humedales costeros y zonas arrecifales.
- Ecosistemas de manglar densos.
- Más de 45 especies protegidas o catalogadas en peligro.
El dato: Los manglares costeros funcionan como barreras naturales indispensables contra huracanes, reducen la erosión de las playas y actúan como sumideros de captura de carbono.

Denuncian aprobación fast-track e ilegalidad en Mahahual
Las alertas de la ciudadanía coinciden con la postura de la presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, Patricia Ocaña Luna. En declaraciones al medio Periodismo Objetivo, la especialista denunció que las adecuaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) violaron la Ley Estatal de Asentamientos Humanos.
Según el Colegio de Biólogos, la aprobación en el Cabildo se realizó de manera acelerada y sin convocar al Comité de Desarrollo Urbano, omitiendo además los estudios técnicos obligatorios, los análisis de impacto y los procesos de consulta pública que exige la normativa.
Ocaña Luna recordó que las modificaciones normativas locales chocan de frente con leyes federales. Específicamente, el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe de forma tajante, desde el año 2007, cualquier obra, construcción o actividad que altere, dañe o interrumpa el flujo hidrológico natural de los manglares en México.
Ante este escenario de desprotección legal, el movimiento ciudadano ha extendido un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para que intervengan, revoquen el acuerdo municipal y blinden el entorno costero del sur del estado de futuros proyectos depredadores.


