Incendio que desnuda la fragilidad eléctrica
El incendio en la subestación de la CFE en la Supermanzana 96 de Cancún vuelve a exhibir la precariedad del sistema eléctrico en Quintana Roo. Aunque el suministro se restableció horas después, el daño ya estaba hecho: familias y comercios quedaron sin energía en plena madrugada, con pérdidas imposibles de calcular.
El llamado del Consejo Coordinador Empresarial a reforzar la prevención es más que pertinente: no se trata solo de reparar transformadores dañados, sino de garantizar infraestructura confiable en un estado que crece aceleradamente.
Suscríbete a nuestro canal
La CFE insiste en atender emergencias, pero la realidad es que los apagones se repiten año tras año, afectando productividad y confianza. La prevención debe ser prioridad, porque cada falla no solo apaga la luz: apaga la competitividad y la seguridad de un destino turístico que no puede darse el lujo de vivir en la incertidumbre energética. ¿Será?
Agua condicionada por negligencia empresarial
El plantón de vecinos en las Viviendas para el Bienestar en Playa del Carmen expone la irresponsabilidad de la constructora Cadu. Que el suministro de agua dependa de una planta generadora a diésel, en lugar de una conexión eléctrica permanente, es inadmisible en un fraccionamiento habitado por decenas de familias.
La improvisación ha provocado fallas constantes y mantiene a los habitantes en incertidumbre, obligándolos a protestar para exigir un derecho básico. La solución emergente con una planta de energía es apenas un parche temporal que no resuelve el problema de fondo.
La falta de regularización del desarrollo y la ausencia de infraestructura adecuada reflejan un modelo de urbanización que privilegia intereses privados sobre la calidad de vida. El acceso continuo al agua potable no puede seguir dependiendo de combustible: es una obligación que las autoridades deben garantizar con firmeza. ¿Será?
Cuotas escolares y desprestigio mal manejado
El conflicto en el Colegio St. Patrick, en Playa del Carmen, revela una gestión poco transparente y una actitud defensiva que agrava la inconformidad de los padres de familia.
El director José Sarabia atribuye una campaña de desprestigio a una solitaria madre, pero omite reconocer que el aumento de 800 pesos en la reinscripción genera legítimas dudas sobre la equidad y claridad en los cobros. Reservarse el derecho de admisión y descalificar públicamente a quienes cuestionan las cuotas refleja un modelo autoritario más que educativo.
La educación privada debe sustentarse en confianza y diálogo, no en represalias ni en discursos que dividen a la comunidad escolar. El calendario extendido y las supuestas ventajas del colegio pierden credibilidad cuando la institución responde con confrontación en lugar de transparencia. La crítica es clara: el respeto se construye con rendición de cuentas, no con imposiciones. ¿Será?
