El pensador Giovanni Sartori define a la democracia representativa como democracia indirecta, en la que el pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo hagan. En contraste, la democracia directa se concibe como un sistema en el cual la población participa constantemente en el ejercicio directo del poder, usualmente mediante asambleas, como en la Grecia y la Roma clásicas, cuando las dificultades organizativas no eran las del mundo actual.
Para México es indispensable avanzar en la instrumentación de mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y la consulta popular, para fortalecer la cultura democrática.
A partir de la reforma constitucional de 2019 en materia de consulta popular y revocación de mandato, que modificó ocho artículos de nuestra norma fundamental, se hizo imprescindible adecuar las leyes secundarias para dar mayor certidumbre a la ciudadanía sobre las vías legales de acceder a este derecho de manera colectiva.
En tal sentido, la Cámara de Diputados turnó al Senado de la República la minuta con proyecto de decreto para modificar más de 30 artículos de la Ley Federal de Consulta Popular, fruto del estudio de ocho iniciativas presentadas por distintos actores, la cual fue discutida y aprobada el pasado martes por la Cámara Alta.
Aunque son muchas las modificaciones, destaca que ahora será posible realizar consultas populares en una o más entidades federativas cuando se trate de asuntos de trascendencia regional. Con esto se refuerza el federalismo y se garantiza el derecho de participación en la toma de decisiones a las comunidades que pueden ver afectada su forma de vida por actos de autoridad que no gozan de respaldo popular.
Estas consultas locales también podrán ser propuestas por el 2% de la Lista Nominal de votantes, tal como sucede a nivel federal, lo que igualmente es un cambio positivo para el acceso a este mecanismo.
Asimismo, la nueva posibilidad de celebrar consultas cada año, y no sólo cada tres, permite a la ciudadanía involucrarse en forma periódica en la toma de decisiones, y evita su confusión con el proceso electoral, al establecer como fecha de realización el primer domingo de agosto.
Además, tomando en cuenta que nos dirigimos hacia una nueva normalidad, en la cual los medios electrónicos son cada vez más indispensables, se introdujo la opción de recaudar las firmas de manera digital, facilitando que prosperen las peticiones ciudadanas de consulta.
Otra importante modificación es que ahora la ciudadanía mexicana que vive en el extranjero podrá hacer valer su derecho a ser consultada con regularidad, y no como disponía la anterior legislación, exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección presidencial.
Esta reforma de gran calado a la ley en la materia es uno de los grandes logros que marcarán el fin del último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, que dará lugar a una nueva integración de la Cámara de Diputados, luego de las próximas elecciones, las cuales determinarán en buena medida la continuidad o no del proyecto de transformación de nuestra vida pública.
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