@guerrerochipres
Los delincuentes dedicados al fraude y la extorsión se actualizan constantemente. La nota principal de este diario, de ayer lunes, dio cuenta de una de las modalidades del fraude que grupos delictivos aprovechan en el contexto de una recuperación económica que apenas inicia: la búsqueda de empleo, principalmente en la modalidad a distancia.
Con un guión bien armado, llevan a la víctima a realizar un depósito para pagar una prueba de Covid-19 como parte del trámite para una plaza laboral o argumentan que es el pago de una prestación que posteriormente les será reintegrada.
Los casos reseñados en estas páginas son similares a algunos reportes que han llegado al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, por una oferta “irresistible” vía internet o para el depósito de un anticipo que garantizaría la apertura de un crédito.
Fraude y extorsión son delitos que lastiman el patrimonio de las víctimas, y aunque a nivel nacional fracasa el 93% de los 10 millones de intentos que se presentan cada año, de acuerdo a la ENVIPE, el 7% restante alimenta el mercado usufructuado por organismos de diversa peligrosidad.
Ciudadanía, autoridades y empresarios podemos actuar con mayor eficacia y rapidez para difundir el modo en que operan y las recomendaciones para no ser víctimas. Tarea central de la cultura de la prevención es compartir entre la comunidad los tips que funcionan para detener estos modus, a fin de evitar que se reproduzcan.
En general, se sugiere desconfiar de ofertas demasiado tentadoras, ya sean de productos, líneas de crédito que no requieren comprobación de ingresos o aval, u opciones de trabajo cuyo reclutador no está claro si existe ni establece contrato por vías formales con sus candidatos. Ningún empleador requiere depósitos que luego reembolsará: sólo con tener esa información y colgar ante la menor insinuación de esta forma de ser “contratados”, puede detener a los defraudadores antes de que causen cualquier perjuicio económico.
En el primer trimestre de este año, los reportes de fraude provenientes de todo el país subieron 6.8%, al pasar de mil 606 a mil 715, comparados con el mismo periodo de 2020. El 71% quedó en tentativa, según datos del Consejo Ciudadano.
Los reportes por extorsión telefónica bajaron 10% en el lapso, al pasar de 5 mil 512 a 4 mil 963. En este caso solo se consumó el 6% de las llamadas en la capital nacional. Es posible que el trabajo de prevención, en el caso de la extorsión telefónica, haya permeado entre la comunidad y que las recomendaciones para evitarla tengan resultados.
Si una víctima reporta su experiencia, ayuda a evitar que otras personas caigan en el engaño y detona acciones que propician una mejor calidad de vida en su entorno inmediato. A esta construcción la concebimos en el Consejo Ciudadano como una ecología de la seguridad.