El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe de sobra que una reforma electoral como la que propuso ayer no tiene futuro.
Pero aún así, decidió presentarla más como bomba de humo para tener ocupada la atención pública y mediática.
Si realmente le interesara su aprobación, habría ordenado a los diputados y senadores de Morena que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones, pero no lo hizo.
Se mostró extrañamente dispuesto a que su iniciativa sea presentada en San Lázaro hasta el siguiente periodo ordinario, que comienza en septiembre, y que transcurra el tiempo que deba transcurrir para someterla al pleno, en donde sabe que su destino será que el tuvo la fallida reforma del sector eléctrico.
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Como sucedió con los temas de la consulta de revocación de mandato y luego con la reforma al sector eléctrico, Morena se prepara para una cruzada “informativaÔÇÖÔÇÖ sobre los alcances de la propuesta de reforma electoral por todo el país.
Es la forma más sencilla y tramposa de hacer campaña, sobre todo pensando en las elecciones del año próximo en las que se disputarán las gubernaturas del estado de México y Coahuila.
No es que López Obrador no pretenda acabar con el INE; si quiere, por supuesto, debe tener claro que si no puede hacerlo con esta iniciativa, aprovechará el viaje para obtener una forma de ganancia política.
Y si puede convencer a la gente de que salga a protestar “espontáneamenteÔÇÖÔÇÖ en contra del INE, pues un rédito más a su bolsa.
La propuesta de reforma, en sus términos, no pasará; se requiere el voto de la mayoría calificada (334) porque se trata de una reforma a la Constitución y no le alcanza.
En cambio, le sobran pretextos para tomar el tema de bandera para el próximo año, cuando el país se suma de lleno en la sucesión presidencial.
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Entre los muchos cambios en materia electoral que propone el Presidente, además de desaparecer el INE y seleccionar a 7 en lugar de 11 consejeros electorales a través del voto en urnas, destacan otros que pudieran negociarse.
Por ejemplo, la iniciativa propone que el porcentaje de participación ciudadana para hacer vinculante el resultado de una consulta de revocación se reduzca de 40% a 33% de la Lista Nominal de electores.
López Obrador quería que fuera a 30% pero cedió 3 puntos porcentuales más.
Que la revocación se aplique también para gobernadores.
Que los partidos políticos busquen financiamiento particular, solo de personas físicas, para sus actividades ordinarias permanentes.
Solo el dinero para campañas políticas sería financiado por el Estado, aunque se permitiría la participación privada con un porcentaje menor.
Que los tiempos oficiales en radio y televisión se entregaran a los partidos y no al Instituto Electoral, entre otros cambios menos publicitados.
A ver.
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¿Qué hacía el director de aduanas Horacio Duarte presentando el proyecto de reforma electoral?
Duarte fue representante de Morena ante el INE en el proceso electoral de 2018; aparentemente el Presidente quedó satisfecho con ese trabajo y decidió aprovechar su experiencia en el tema.
Lo otro es pensar que López Obrador lo quiso placear nomás para medirle el agua a los camotes pues Duarte es una de las corcholatas de Morena para la gubernatura del Estado de México.
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