Colocar a Sinaloa como ejemplo de la reducción de homicidios a partir de la hegemonía de un cártel, no es el mejor argumento ni la explicación que requiere la ciudadanía sobre el avance territorial del crimen organizado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer que en los estados en los que predomina un solo grupo de la delincuencia organizada se registra menor número de homicidios.
Sin seguridad no hay 4T: AMLO; ¿entonces?
Éstos ocurren, dijo el mandatario, en los estados en los que hay dos o más grupos disputándose el territorio.
Quizá el Presidente no midió o no comprendió el alcance de sus palabras.
La sanción por desobedecer es la muerte del comerciante y de su familia, como ocurrió recientemente en un poblado de Chilpancingo, Guerrero, con los vendedores de pollo.
Lo ocurrido en Texcaltitlán, en el estado de México, el martes cuando se registró un enfrentamiento entre policías estatales, ministeriales y de la Guardia Nacional en contra de una célula de la Familia Michoacana, fue una excepción.
Y así, de justificación en justificación -la última siempre peor que la anterior-, va transcurriendo el sexenio sin que se note un avance en el combate a la inseguridad.
Por si no lo recuerda, López Obrador declaró que si no lograba pacificar al país, la cuarta transformación sería un fracaso.
Que no habría 4T, pues, para que quede claro.
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Le sobran poco más de dos años para lograrlo, pero como se ve la situación, la meta está muy cuesta arriba.
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La exprocuradora Marisela Morales, es la abogada principal del ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo álvarez, “BillyÔÇÖÔÇÖ, quien se encuentra prófugo de la justicia y a quien se le imputan delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.
Morales, procuradora en el sexenio del presidente Felipe Calderón, fue la encargada de procesar todas las investigaciones viciadas del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La abogada puso de moda la colaboración con “testigos protegidosÔÇÖÔÇÖ y algunos la señalan de utilizar otros métodos como complemento de sus investigaciones.
Pero se le recuerda, sobre todo, por su participación en la construcción del expediente para el desafuero del hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ya dijo que perdona pero no olvida.
¡Ups!
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Por fin la casi invisible secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tendrá la oportunidad de desquitar el salario.
Sucede que ayer estallaron una huelga los trabajadores de Las Truchas, propiedad de ArcelorMittal, en reclamo del pago de ¡550 días! de utilidades.
La empresa les pagó el 30 de mayo los 90 días que establece la ley como tope y les ofreció un “bonoÔÇÖÔÇÖ de 120,000 pesos adicionales, que rechazaron.
Ahora Alcalde tendrá que asumir la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre la validez o no de la huelga.
Si la autoridad declara inexistente la huelga, estaría aplicando, en rigor, la ley.
Pero como ya sabemos que para esta administración la ley no es la ley, y no querrán echarse de enemigos a las huestes del sindicato minero, a ver cómo resuelve el entuerto.
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