Debido a la mala imagen y el riesgo a la salud que representa, vecinos de Calderitas negocian con las autoridades municipales el proyecto de saneamiento del basurero.
Si bien las instancias pertinentes reconocen que este tiradero debió cerrar hace más de 15 años, requieren 120 millones de pesos para el saneamiento, procesamiento de desechos y reubicación; ante esta situación, vecinos de la comunidad exigen la pronta solución, ya que amagan con clausurarlo.
Mario Jesús Uh Villanueva, comisario ejidal del Calderitas, dio a conocer que se hicieron compromisos con la presidenta municipal Yensunni Martínez; el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Mario Ramírez Campos, para que en seis meses le presenten un proyecto de saneamiento de todos los alrededores.
“Las parcelas de los alrededores están afectadas, es un problema de salud”, lamentó.
Argumentó que el ejido es el principal eje de crecimiento y desarrollo de la ciudad, pues la mancha urbana ya abarca parte de sus tierras por lo que existe un gran interés por comercializarlas para construcciones inmobiliarias; sin embargo, el tiradero municipal reduce la plusvalía.
“El ejidatario no puede ofertar su parcela en precios más o menos comerciales; las tienen que rematar gracias al tiradero, a todas las parcelas les merma el precio”, acusó.
FOCO DE INCENDIOS
Además, en el relleno sanitario, que diariamente recibe en promedio entre 300 y 400 toneladas de desperdicios que genera la capital del estado, existe un riesgo latente: los incendios.
Aunque el último ocurrió en enero de 2022 y fue rápidamente abatido, en 2020, el siniestro duró más de dos meses y perjudicó a más de 10 mil familias de las colonias aledañas.
Ahora que las condiciones climatológicas son similares, con intenso sol y fuertes vientos, temen que haya un nuevo desastre.
Un último problema impide que se logre avanzar en su solución: desde hace 13 años la concesión del manejo final de la basura fue entregada a la empresa Intransiso; al no tener certeza jurídica de la tierra para instalar una planta procesadora, tuvo en una batalla legal contra el ayuntamiento, que a su vez reclama que en más de una década la concesionaria no hizo nada por iniciar operaciones.
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