La Comisión de Movilidad avaló adecuaciones para reformar la Ley de Movilidad y así regular la operación de plataformas digitales de transporte de pasajeros como Uber, Didi y Cabify.
La iniciativa establece que las unidades de concesión (taxistas) y las plataformas digitales deberán contar con botones de pánico, cámaras de seguridad conectadas al C5 y grabación de voz.
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Además, los conductores de plataformas digitales deberán darse de alta ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y contribuir al Gobierno estatal con 1.5% de cada servicio por concepto de uso de plataforma. Este recurso se destinará a un fondo de movilidad.
También instaura la figura de la prestación del servicio de transporte de pasajeros privado a través de plataformas digitales, sin la necesidad de una concesión. Sin embargo, los conductores de estas plataformas deberán cumplir con las obligaciones y regulaciones establecidas por el Imoveqroo.
Rodrigo Alcázar Urrutia, director de dicha instancia, explicó que una vez que esté expedida esta legislación, procederán a realizar los lineamientos de operación, para dar las autorizaciones para alimentar el padrón de choferes de transporte digital.
Aseguró que el propósito es “dotar de elementos regulatorios específicos para su operación, a fin de que tener un sustento jurídico para considerarlos en los nuevos trabajos de Movilidad”.
Por su parte, el diputado José María Chacón Chablé refirió que en este nuevo paquete de reformas pretenden atender los requerimientos legales que derivaron de la resolución del juzgado federal.
“Lo que pretendemos es establecer el marco jurídico de estos servicios, siempre pensando en la seguridad de los usuarios y dando una nueva alternativa.
Este hecho forma parte de un cumplimiento del Gobierno del estado, luego de que el pasado 11 de enero el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, resolvió un amparo a favor de Uber para operar en Quintana Roo.
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Aunque ya existe un amparo federal que le permite a los conductores de plataformas trabajar en el Caribe Mexicano, la secretaria de Gobierno apuntó que era necesario “dotar de elementos regulatorios específicos para su operación, a fin de que tener un sustento jurídico para considerarlos en los nuevos trabajos de movilidad”.