La jueza Preska ha emitido un fallo a favor de Burford Capital, lo que eleva los daños económicos relacionados con la expropiación de YPF a aproximadamente 16,000 millones de dólares, según confirmó el economista Sebastián Maril, un experto en las demandas que Argentina enfrenta en Estados Unidos, a través de las redes sociales.
La magistrada del Segundo Distrito Sur de Manhattan no determinó una cifra exacta de indemnización por la expropiación de las acciones de YPF, adquiridas posteriormente por Burford Capital, un fondo de inversión con sede en Londres especializado en la compra de juicios. Sin embargo, la jueza dictaminó que el esquema de compensación económica propuesto por la demanda era adecuado.
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Según la opinión de la jueza Preska, Argentina ejerció un control indirecto sobre las acciones que la petrolera española Repsol tenía el 16 de abril de 2012. Por lo tanto, consideró que el interés del 8 por ciento propuesto por los abogados de Burford Capital era “adecuado y equitativo”.
En el transcurso de este largo juicio, que se extendió por ocho años, el fondo buitre sostuvo que el Estado argentino debía compensarlo con 16,000 millones de dólares, mientras que Argentina propuso la cifra de 5,000 millones de dólares.
En respuesta a este fallo, Argentina anunció que apelará de inmediato, según lo comunicado por la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, quien discutió el caso con la Procuración del Tesoro. Cerruti reiteró el compromiso de Argentina en defensa de su soberanía energética y de la empresa estatal YPF frente a los fondos buitres.
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Como resultado de esta sentencia, las partes deberán ahora negociar el monto de la indemnización, basándose en el límite de la reclamación. Argentina tiene la opción de apelar la sentencia en dos instancias judiciales, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, aunque deberá pagar una garantía para hacerlo.
Durante el desarrollo del juicio, los fondos Burford Capital y Eton Park argumentaron que el Estado argentino debió haber lanzado una oferta de adquisición por la totalidad de las acciones de YPF, no solo por el 51%, de acuerdo con los estatutos de la compañía.
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