Alrededor del 65% de los 330 casos que llevan las abogadas de la Red de Víctimas de Quintana Roo terminan en lo que ellas denominan “suicidio jurídico”.
Esto es cuando la víctima no logra acceder a la justicia porque termina desistiendo durante el proceso.
Suicidio jurídico
El colectivo afirma que esto deriva de otros dos tipos de violencia a las que se ven sometidas las denunciantes y que ejercen las propias autoridades: la institucional y la procesal, que las desgasta, “las drena” y permite la impunidad.
Así lo dio a conocer Ariadne Song Anguas, litigante y activista de la Red, quien describió:
“Lo hemos denominado así porque no es que el agresor venga y la mate físicamente, sino que la mata en vida con estos procesos, carpetazos, recursos jurídicos o amparos que interponen porque tienen el dinero y abogados sin ética que se prestan a ello”.
De acuerdo con la también representante de la Red Feminista de Quintana Roo, las mujeres son revictimizadas constantemente por las autoridades, sin importar el tipo de delito que se denuncie, como son:
- Violencia intrafamiliar.
- Vicaria.
- Violación.
- Abuso.
- Contra de la libertad y seguridad sexual.
- Laborales.
- De pensión alimenticia.
- Reconocimiento de paternidad.
“Ya no quieren ir a las audiencias, no quieren pararse en las fiscalías, ser revictimizadas y no es que quieran que el agresor se salga con la suya, sino que ante toda esta violencia en la que están envueltas ya no quieren ver a su agresor”.
“… Y a pesar de que tenemos elementos para ganar el juicio, ya no se presentan, no le dan seguimiento; para la fiscalía y el poder judicial mejor, porque ellos siguen llenando informes, simulando, pero no se imparte justicia”.
Ariadne Song Anguas, activista.
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Violencia institucional
Para las miembros del colectivo feminista que dan acompañamiento a las víctimas, se le llama violencia institucional cuando la autoridad es negligente, sobre todo en el caso de aquellos funcionarios públicos que, sabiendo y conociendo las leyes, no hacen la debida diligencia, cuando no atienden con prontitud una investigación o un expediente, y hasta cuando no atienden el interés superior de la niñez y/o no protegen a la mujer como grupo vulnerable.
Tal es el caso de Anabel M.H., residente de Mahahual, quien desde hace 10 años lucha porque las autoridades resuelvan su caso por explotación laboral y sexual, así como para que su agresor reconozca y dé pensión alimenticia a la hija que concibió tras años de ser víctima de violación.
“He querido exponer mi caso, uno muy difícil y agotador, que me ha exigido luchar cada día desde hace 10 años. Quiero hacer público todo lo que he sufrido”, relató la víctima.
Explicó que lo primero que vivió fue la explotación laboral, pues le ofrecieron ser cajera de un restaurante, luego cocinera y finalmente también encargada, por un salario de 400 pesos semanales, que a veces ni siquiera le pagaba el agresor.
Durante siete años se quedó callada por temor, lo que provocó que el abuso escalara, en casi esclavitud, delito que se clasifica como trata de personas.
De acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito ha tenido un incremento exponencial en Quintana Roo.
En 2015 se contabilizaron 8 casos, 87 el año pasado y en lo que va de 2024 hay 26 denuncias.
“Pareciera que no estamos en 2024, porque las autoridades, si no te ven golpeada y con sangre, dicen que no es violencia. ¿Pero y la violencia psicológica, la moral, la económica y patrimonial a la que ha estado expuesta Anabel y tantas otras mujeres?”, cuestionó la abogada.
Violencia procesal
Song Anguas explicó que miembros del colectivo, sobre todo de la Red de Víctimas de Quintana Roo, preparan una iniciativa a través de la cual se reconozca a la violencia procesal, que a diferencia de la institucional –que se caracteriza por la omisión de la autoridad–, no sólo pasa por alto los derechos de las mujeres sino que las somete a trámites y procesos innecesarios, que en muchas de las ocasiones las deja peor, tanto emocional como económicamente.
“Quienes nos dedicamos a la defensa de las víctimas, sobre todo si se trata de mujeres, estamos viendo que aunque claro que ellas tienen la razón, que tenemos los datos y medios de prueba, aún así las autoridades les piden llevar testigos o buscar documentos actualizados”.
“… Las siguen sometiendo a uno, a otro y a varios procesos, donde al final les retrasan el acceso a la justicia y es ahí cuando muchas ya no pueden más y desisten”, dijo la abogada.
Víctima de este tipo maltrato es “Marina N.”, una mujer venezolana que desde hace meses lucha contracorriente para que la justicia quintanarroense resuelva su caso de violencia vicaria.
El padre de su hija, un empresario, no sólo ha mantenido bajo argucias legales la custodia de la menor, sino que ahora ya no le permite verla y debido a que cuenta con recursos económicos, mantiene a “Marina” entre uno y otro proceso, desgastándola a tal grado que reconoce que ha llegado a pensar en suicidarse.
Numeralia
De enero a marzo de 2024, de los 10,312 casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas del país, Quintana Roo contabilizó 212, la mayoría contra mayores de 18 años.
Esto significa una tasa de incidencia de 20.7 por cada 100 mil mujeres.
Respecto a la trata de personas, la entidad está en segundo lugar con 15 de los 74 casos que se registraron a nivel nacional, 2 de ellas eran mayores de edad; la mayoría, menores de 18 años.
Sin embargo, ocupa el primer sitio por tasa de incidencia con 1.47 por cada 100 mil mujeres, superando por mucho la media nacional que es de 0.11.
En violación, el estado contabilizó 106 casos de los 3,182 en el país, colocándose en el noveno puesto, pero en el primer lugar por tasa de incidencia, con 5.14 con una media nacional de 2.41.