Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el que se aprobó el decreto para la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Credit: Cortesía.

Aprobación unánime en Benito Juárez

El Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que introduce importantes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que buscan mejorar las responsabilidades administrativas y reorganizar la autoridad estatal, con el objetivo de crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.

La decisión se tomó durante la Quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria del Cabildo.

En dicha sesión se detalló que la XVIII Legislatura del estado aprobó esta iniciativa, la cual fue turnada a los ayuntamientos para su revisión y eventual aprobación.

Este nuevo Tribunal será clave para fortalecer las medidas contra la corrupción y sancionar eficazmente los actos ilícitos en la entidad.

Requisitos y funciones del Tribunal

Uno de los puntos más relevantes de las reformas es la redefinición de los requisitos para los magistrados que integrarán el nuevo Tribunal.

Serán seleccionados a través de un proceso independiente del Poder Judicial del Estado, y se establecerán cinco magistrados titulares.

Uno de ellos será designado como Presidente del Tribunal por el Pleno, con un periodo de cinco años, renovable por una sola vez.

Solidaridad también se suma a las reformas

En el municipio de Solidaridad, el Cabildo también aprobó por unanimidad la minuta de proyecto de decreto.

Este reforma, deroga y adiciona a la Constitución estatal para asegurar un mejor funcionamiento de las instituciones públicas.

Estas modificaciones incluyen cambios en artículos clave como el 21, 49, 51 bis, 56, 75, 76, 77, 96, 110 y 111, entre otros, con el fin de actualizar el marco legal y fortalecer el funcionamiento institucional.

La copia certificada del acta de la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Solidaridad será remitida al Congreso del Estado para su ratificación.

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