Durante décadas, la trata de personas en Quintana Roo fue un tema incómodo, silenciado por los gobiernos anteriores en aras de proteger la imagen turística del estado.
La explotación y el abuso ocurrían a plena vista en antros, bares, discotecas, casas de masaje y spas, pero se disfrazaban bajo eufemismos como lenocinio, corrupción de menores o trabajo forzado.
En algunos casos, incluso se normalizaba, considerándolo un "ámbito laboral" bajo la justificación de contratos fraudulentos, lo que llevaba a que se clasificara como abuso de confianza o fraude en lugar de trata de personas.
Hoy, la historia es diferente. El Gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado han adoptado una postura de visibilización y combate frontal a este delito.
El encubrimiento de la trata de personas tenía el propósito claro de evitar cualquier mancha en la reputación de los destinos turísticos de Quintana Roo. Se priorizaba proyectar un paraíso de ensueño para los visitantes, ignorando el sufrimiento de cientos de víctimas, incluidas menores de edad.
Los casos de explotación sexual y laboral se dispersaban en categorías legales ambiguas y dejaba en el abandono a quienes sufrían este flagelo.
Sin embargo, la omisión sólo permitió que estas redes crecieran, operando con impunidad y aprovechando la falta de voluntad política para erradicarlas.
A diferencia del pasado, el actual Gobierno ha asumido con responsabilidad el reto de combatir la trata de personas. La transparencia, lejos de dañar la imagen del estado, fortalece la confianza en la ciudadanía que ahora denuncia este flagelo, aunado a las estrategias de prevención, atención a víctimas y desarticulación de redes delictivas.
La trata de personas ha dejado de ser un “tema prohibido” para convertirse en una prioridad de la agenda gubernamental. Las acciones de investigación y persecución penal son más eficaces porque ahora forman parte de un reconocimiento claro del problema.
Se han establecido mecanismos de denuncia más accesibles y confidenciales, se han capacitado a servidores públicos para identificar casos y brindar atención integral a las víctimas, y se ha fortalecido la coordinación con organismos nacionales e internacionales especializados en el combate a la trata, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el programa AccioNNAr.
Con cifras frías y reveladoras, hoy se muestra una realidad que antes se ocultaba. En los últimos 20 meses se iniciaron 206 carpetas de investigación por trata de personas; 70 tratantes han sido detenidos; 432 víctimas han sido rescatadas, de las cuales 316 eran mexicanas y 116 extranjeras, provenientes de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, India, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Italia y Noruega; 66 víctimas eran menores de edad.
En marzo de este año, 21 mujeres fueron rescatadas en distintos operativos, de las cuales 13 eran mexicanas, dos guatemaltecas y una beliceña. Todas eran explotadas sexualmente en bares de Chetumal y Bacalar.
La administración actual de la gobernadora Mara Lezama ha demostrado que enfrentar el problema de frente es la mejor estrategia. El camino aún es largo, pero visibilizar la trata de personas es el primer paso para erradicarla.