El ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) sigue otorgando licencias de construcción basadas en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022, a pesar de que dos jueces federales han declarado la nulidad del instrumento por irregularidades en su elaboración.
El secretario del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, aseguró que mientras no exista una sentencia definitiva, el municipio está facultado para seguir aplicando el PDU vigente.
“No hay una sentencia firme, por eso se continúa trabajando con el PDU que está vigente. Se atiende el tema jurídico y estamos en tiempo. No hay prisa, hay que hacer las cosas conforme a la normatividad”, declaró.
Jueces ordenaron iniciar un nuevo procedimiento
Sin embargo, los Juzgados Segundo y Quinto de Distrito, con sede en Cancún, determinaron que el procedimiento para la aprobación del PDU 2022 incurrió en omisiones sustanciales.
Entre ellas, la inexistencia de un Atlas de Riesgos y un Plan de Movilidad Urbana, ambos documentos esenciales por ley para cualquier instrumento de planeación urbana.
Las resoluciones judiciales ordenan al municipio dejar sin efectos el PDU y llevar a cabo un nuevo proceso que cumpla con los requisitos técnicos y legales.
¿Te enteraste? 👇
El ayuntamiento de Benito Juárez defiende su postura
En respuesta, el gobierno municipal interpuso recursos de revisión contra ambas sentencias, argumentando que sí se cumplió con la normativa vigente.
Como prueba, citan la convocatoria a consulta pública del 22 de julio de 2022, en la que, aseguran, se garantizó la participación ciudadana.
Mientras se resuelven estos recursos, las autoridades continúan otorgando permisos de desarrollo urbano bajo los lineamientos del documento en disputa.
Planean nueva actualización del PDU
Gutiérrez Fernández adelantó que ya se trabaja en una nueva actualización del Programa de Desarrollo Urbano. Esta vez, afirmó, se buscará el respaldo técnico y metodológico de organismos nacionales e internacionales, como ONU-Hábitat, con el objetivo de robustecer el proceso de consulta y planeación.
No obstante, la contradicción entre los fallos judiciales y las decisiones administrativas del ayuntamiento deja en entredicho la certeza jurídica para desarrolladores, inversionistas y ciudadanía en general.