Un juzgado federal ha ordenado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) garantizar la restauración ambiental del proyecto inmobiliario Adamar, ubicado en la Bahía de Solimán, Tulum, tras constatar omisiones de la dependencia en supervisar las medidas correctivas.

Amparo a favor de residentes

El Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo concedió el amparo promovido por un residente de Tulum, quien impugnó la falta de acción de Profepa ante los daños ocasionados por la constructora Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V. a un ecosistema de duna costera.

En junio de 2024, Profepa determinó que el desarrollo inmobiliario causó daños al ecosistema, imponiendo multas y la restauración de 731.80 m² del área afectada.

Aunque la obra de siete niveles está clausurada, aún no se ha demolido, y Semarnat había negado la autorización de impacto ambiental.

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Falta de supervisión y acciones del juez

Durante el proceso, Profepa realizó cuatro inspecciones, pero permitió que la desarrolladora retirara los sellos de clausura y continuara la construcción sin supervisión efectiva.

El juez determinó que Profepa debe:

  • Ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental.
  • Cobrar las multas, que podrían superar un millón de pesos.
  • Supervisar el proceso de demolición total de la obra.

Además, se estableció un plazo máximo de 35 días para notificar a la desarrolladora e iniciar los trámites correspondientes. La dependencia deberá enviar reportes continuos sobre las acciones realizadas para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

Principios constitucionales e internacionales

La resolución refuerza el derecho constitucional a un medio ambiente sano y aplica principios internacionales como el principio de precaución ambiental, que obliga a actuar incluso ante incertidumbre científica.

DMAS, la asociación que promovió el amparo, continuará con el seguimiento de la denuncia penal para asegurar que se finquen todas las responsabilidades de la desarrolladora.

Este fallo establece un precedente en la defensa judicial del medio ambiente en México, reforzando la obligación del Estado de actuar con firmeza ante daños ecológicos en zonas de alto valor ambiental como Tulum.