Diversos sectores celebraron la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que buscan garantizar el acceso libre, gratuito y permanente a las playas, así como fortalecer el control del Estado sobre la franja federal marítimo-terrestre.
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Cambios legales y beneficios ambientales
La modificación incluye además cambios a la Ley Federal de Derechos, mediante los cuales se establece la entrada gratuita una vez por semana a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como descuentos los domingos y días festivos.
Con ello, se pretende promover la educación ambiental y el ecoturismo, aunque especialistas advierten que la medida, si no va acompañada de recursos y vigilancia, puede tener consecuencias negativas para los ecosistemas.
Adán Caballero Vázquez, investigador de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), señaló que el acceso masivo a las ANP podría incrementar el desgaste ambiental, facilitar actividades no autorizadas y dificultar la protección de estas zonas, donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) cuenta con personal insuficiente.
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Opiniones de expertos sobre la gratuidad en las playas
“Puede favorecer el saqueo y la pesca ilegal. Sin vigilancia, el aumento de visitantes tendría efectos negativos. Podría ser benéfico si se generan más recursos, pero sin voluntad política los cambios legales corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones”, subrayó.
En el mismo sentido, Gonzalo Merediz Alonso, presidente del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY), consideró que la gratuidad debe aplicarse para los habitantes locales, pero no necesariamente para los turistas, quienes deberían seguir pagando como forma de compensación por el impacto que generan sus actividades. Recordó que actualmente existe un cobro de acceso en diversas ANP y que el ingreso permite sostener labores de conservación.
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Respaldo del sector hotelero y medidas de aplicación
El sector hotelero, en cambio, expresó respaldo a las reformas. David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y de la Asociación de Hoteles de Tulum, calificó como acertada la medida, pues responde a un reclamo social sin afectar la propiedad privada ni la actividad turística. Reconoció, sin embargo, que en municipios como Tulum existe un rezago histórico en la planeación urbana que derivó en carencia de accesos públicos al mar.
Entre las medidas que se deberán tomar para aplicar esta ley, el dictamen aprobado explica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios colindantes, deberá crear el Registro Nacional de Accesos a Playas.