Terminal de carga: ¿justicia ambiental o política?
El rechazo al amparo contra la terminal multimodal de carga en Cancún ha encendido una nueva polémica sobre el papel del Poder Judicial en la protección ambiental.
Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, acusa que la justicia se pliega a intereses políticos, mientras organizaciones como Cemda advierten que la obra carece de autorización para el cambio de uso de suelo forestal.
Más allá de los señalamientos partidistas, el fondo del asunto es grave: ¿quién vigila que los megaproyectos respeten el entorno?
La selva no puede ser sacrificada por tecnicismos ni por reinterpretaciones del alcance del Tren Maya. El fallo judicial, emitido por una jueza con vínculos previos a gobiernos morenistas, merece escrutinio, pero también exige que el debate se centre en lo esencial: garantizar que el desarrollo no se imponga sobre los ecosistemas. La justicia ambiental no puede depender del color político. Debe ser firme, imparcial y transparente. ¿Será?
Cultura en pausa, por negligencia
El cierre de la Biblioteca Pública Central de Felipe Carrillo Puerto es más que una medida técnica: es el reflejo de una negligencia institucional que pone en riesgo el acceso a la cultura y el conocimiento.
Que un recinto con más de 20 mil libros y vital para la comunidad estudiantil haya sido entregado con vicios ocultos tras una remodelación reciente, revela una cadena de irresponsabilidades que no puede quedar impune.
La falta de mantenimiento, las filtraciones y los daños estructurales no son solo fallas físicas, son síntomas de un abandono sistemático a los espacios públicos que sostienen el tejido educativo. La biblioteca no es un lujo, es una necesidad. Y su cierre repentino afecta directamente a quienes menos tienen.
Urge que las autoridades asuman su responsabilidad, transparenten los errores y garanticen que la rehabilitación no sea otro parche, sino una verdadera apuesta por la dignidad cultural de la zona maya. ¿Será?
Oportunidad para fortalecer la confianza
La designación de tres nuevos consejeros electorales en el Ieqroo por parte del INE representa una oportunidad clave para reforzar la legitimidad y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas de Quintana Roo. En un contexto donde la desinformación y el descrédito institucional amenazan la participación, contar con perfiles con experiencia en transparencia, equidad y organización electoral es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, la vacante pendiente por falta de consenso revela tensiones políticas que no deberían entorpecer la integración de un órgano cuya función exige imparcialidad y solidez técnica. La ciudadanía necesita un Ieqroo completo, autónomo y operativo, especialmente de cara a los procesos de 2026 y 2027.
La democracia no puede esperar a que los acuerdos lleguen por desgaste. Urge voluntad política para cerrar filas en torno a la legalidad y garantizar que cada voto cuente, sin sombra de duda ni sesgo institucional. ¿Será?