En estos días volvió a encenderse el debate sobre el transporte público en Quintana Roo, ese viejo tema que siempre regresa porque, al final del día, todos dependemos de él para llegar a donde la vida nos exige. Y ahí, en medio del ruido, la gobernadora Mara Lezama lanzó un mensaje directo, casi un manotazo político en la mesa: no habrá aumento de tarifas hasta que el servicio mejore de verdad. Así, sin rodeos. Y la verdad, a muchos nos cayó como un respiro en medio del hartazgo ciudadano.

Lo digo en primera persona: llevo años escuchando las mismas promesas. Que si nuevas unidades, que si choferes capacitados, que si rutas ampliadas… pero uno sale a la calle y se topa con los mismos camiones cansados, sin aire acondicionado, abarrotados, corriendo a toda velocidad para ganar pasaje. Por eso, cuando la gobernadora recalca que primero se debe garantizar un beneficio tangible, por fin escucho una postura que pone el dedo en la llaga. Porque lo que la gente quiere es sencillo: un servicio digno, seguro y puntual, no discursos que se los lleve el viento.

La mandataria lo puso claro, este es un proyecto construido con la voz de quienes realmente usan el transporte. Consultas, buzones, redes, y sobre todo la experiencia cotidiana del usuario que se sube al camión con el alma en la mano, esperando que no esté lleno, que no pase de largo o que no lo deje en medio de la nada porque ya “se acabó la ruta”. Y aún así, algunos intentaron difundir que habría aumento en diciembre. Pero no. Y aquí la gobernadora fue tajante: eso es mentira. Y en tiempos donde la política suele enredarse en rumores, que alguien salga a desmentir de frente, pues se agradece.

El proyecto Mobi, nos dicen, incluye unidades nuevas, accesibilidad universal, pago digital, cámaras, rutas que no terminen de noche, velocidad controlada, transferencias más económicas y subsidios para estudiantes y personas con discapacidad. Suena ambicioso, suena moderno, suena a la ciudad que merecemos desde hace años. Pero —y aquí está lo importante— no habrá aumento hasta que todo eso sea una realidad palpable. Y eso es lo que debe exigirse siempre: primero resultados, luego ajustes.

También rescato otra parte que no debe pasar desapercibida: el combate a la discrecionalidad y la corrupción en tránsito. Transformar a los viejos agentes en agentes de movilidad, digitalizar procesos, quitarle a cualquiera la posibilidad de decidir “según su ánimo” cuánto pagas de multa. Porque la corrupción también encarece la vida, golpea el bolsillo y deteriora la confianza ciudadana.

En un estado turístico como el nuestro, con ciudades que crecen a un ritmo frenético, hablar de movilidad no es un lujo ni un capricho político: es una urgencia diaria. Yo, como cualquier ciudadano, no quiero escuchar solo buenos deseos. Quiero ver camiones nuevos en la calle, rutas eficientes, operadores respetuosos, tecnología real y un transporte que no dé miedo usar de noche.

Por eso, cuando la gobernadora insiste en que el beneficio debe ser para los usuarios, no para las empresas, no para los concesionarios, no para los intermediarios… ahí sí coincido plenamente. Esa es la ruta correcta, la ruta justa.

Mientras tanto, que quede claro: no más aumentos sin mejoras.