Mahahual acusa cambio de criterio judicial en amparo contra el PDU
El colectivo Salvemos Mahahual y DMAS denunciaron presuntas contradicciones en el manejo de un amparo promovido contra la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, en Quintana Roo.
De acuerdo con el comunicado fechado el 9 de febrero de 2026, la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, no admitió los recursos interpuestos por ciudadanos que buscan proteger el territorio, el medio ambiente y los derechos comunitarios.
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El punto central de la controversia es el criterio aplicado para contabilizar el plazo legal para impugnar la modificación del PDU.
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¿Qué originó el conflicto legal?
El plazo de 15 días y la naturaleza del PDU
En un primer momento, la juzgadora consideró que la modificación al PDU constituía un acto administrativo. Bajo ese supuesto, la Ley de Amparo establece un plazo de 15 días para impugnarlo, contados a partir de que las personas afectadas tienen conocimiento del acto.
Sin embargo, según el colectivo, posteriormente la misma autoridad judicial habría modificado su criterio y trató la reforma del PDU como si fuera una ley, lo que implica que el plazo comienza desde su publicación oficial.
Además, señalan que se fijó como fecha de inicio el 5 de diciembre, día de publicación de la modificación, sin considerar el momento en que la comunidad tuvo conocimiento real del contenido del documento.
Señalan contradicción y posible vulneración de derechos
Para Salvemos Mahahual, esta variación en el criterio jurídico genera una “contradicción evidente”, ya que el mismo acto fue considerado primero administrativo y luego normativo, aplicando reglas distintas para el cómputo de plazos.
El colectivo advierte que esta interpretación afecta principios como:
- Seguridad jurídica
- Certeza legal
- Acceso efectivo a la justicia
En su posicionamiento público, la organización subraya que no busca privilegios, sino el respeto estricto a la ley y la protección del entorno ambiental.
Postura de la empresa promotora
En el comunicado también se citan declaraciones públicas de Ari Adler, representante de la empresa promotora del proyecto, quien aseguró:
“Estamos muy seguros que con el sistema legal en México vamos a obtener esa suspensión y vamos a poder continuar avanzando para poder cumplir con esa fecha, que es abril para que en el 2027”.
Ante ello, el colectivo reiteró que cualquier proyecto debe apegarse a la legalidad, la coherencia jurídica y el respeto a la comunidad y al medio ambiente.
Contexto: Mahahual y el debate sobre desarrollo urbano
Mahahual, destino turístico del sur de Quintana Roo, ha enfrentado en los últimos años un intenso debate sobre el crecimiento inmobiliario y el equilibrio ambiental. La actualización del PDU se ha convertido en un punto clave en la discusión entre desarrollo económico y conservación.
La controversia legal podría sentar un precedente relevante sobre cómo se interpretan y aplican los plazos en amparos relacionados con instrumentos de planeación urbana en México.