El conflicto Aguakan Quintana Roo continúa escalando y ya se encuentra en instancias de arbitraje internacional, en medio de un proceso legal que el gobierno estatal define como una disputa por el derecho al agua y la justicia social.
Autoridades de Quintana Roo confirmaron que el litigio contra la empresa concesionaria sigue su curso en distintos niveles jurídicos, incluyendo tribunales locales, federales y organismos internacionales como la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
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Gobierno busca retirar concesión a Aguakan
El jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila, señaló que el objetivo es poner fin a lo que calificó como abusos contra usuarios en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Explicó que el gobierno estatal trabaja en coordinación con instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para diseñar un nuevo organismo que sustituya a la concesionaria.
“El propósito es encontrar una solución que garantice el acceso al agua como un derecho para todas y todos”, afirmó.
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Litigio internacional complica resolución
El proceso legal ha alcanzado una etapa compleja debido a su dimensión internacional. De acuerdo con autoridades estatales, el caso ya se analiza en instancias como la CCI, lo que podría alargar los tiempos de resolución.
Sin embargo, el gobierno asegura que avanza en cerrar frentes legales de manera progresiva, con respaldo de la Consejería Jurídica estatal y del Gobierno de México.
Quejas por servicio e infraestructura
Mientras se resuelve el conflicto, persisten inconformidades ciudadanas por el servicio de agua en la zona norte del estado.
Autoridades reconocen rezagos en infraestructura hidráulica, así como problemas derivados de obras inconclusas o mal ejecutadas, que han generado afectaciones como calles dañadas y molestias a la población.
“El plan de inversión debe ser más efectivo y no agravar los problemas existentes”, señaló Arcila.
Nuevo modelo de operación, en análisis
Aunque aún no hay un esquema definitivo, el gobierno estatal prevé que, una vez concluido el litigio, se implemente un modelo de gestión del agua en coordinación con la Federación.
El proceso sería gradual y con enfoque en mejorar la transparencia, aumentar la inversión y fortalecer la rendición de cuentas en el servicio.
Además, autoridades aseguran que el estado cuenta con la capacidad técnica para asumir el control del suministro de agua potable, considerado un tema prioritario en la agenda pública.
