El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo se declaró en estado de alerta tras la sorpresiva aprobación de la reforma que disolverá su actual estructura.
El presidente del organismo, José Sosa Figueroa, reconoció abiertamente que los comisionados fueron tomados por sorpresa por la velocidad con la que la XVIII Legislatura procesó las modificaciones que exigen su destitución inmediata.
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Los toma por sorpresa
Según Sosa Figueroa, no tenían conocimiento de la propuesta de reforma integral efectuada al Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.
Asimismo, adelantó que el equipo técnico inició una revisión profunda del dictamen para evaluar el impacto jurídico de la terminación anticipada de sus cargos.
El reajuste de la legislación estatal responde a reclamos del sector público sobre la falta de resultados medibles en el combate a la corrupción y los altos costos del aparato ciudadano.
Sin embargo, desde la perspectiva del Comité, la celeridad legislativa impidió un proceso de Parlamento Abierto que permitiera contrastar los indicadores del rendimiento actual.
CPC alista estrategia legal ante la entrega-recepción forzada
A pesar del escenario de remoción, el líder del Comité de Participación Ciudadana puntualizó que el organismo cuenta con auditorías operativas vigentes y mecanismos de rendición de cuentas listos para ser fiscalizados.
No obstante, admitió que muchos de los convenios con cámaras empresariales y colectivos civiles carecieron de proyección pública masiva.
La principal preocupación de la directiva saliente radica en las implicaciones contractuales y los procesos de entrega de los informes anuales que estipula la ley vigente.
"Tendremos que analizar los mecanismos legales adecuados", apuntó Sosa Figueroa, dejando abierta la posibilidad de promover recursos administrativos antes de la liquidación total del órgano.
Congreso defiende "tijeretazo" presupuestal y recorte de periodos
En contraparte, la postura del Congreso de Quintana Roo se mantiene firme en la reestructuración.
El diputado Santiago Frías Canché, presidente de la Comisión Anticorrupción, reiteró que la reducción del periodo de encargo —de cinco a tres años— y el recorte salarial del 70% son inamovibles, pues buscan regresar el carácter honorífico y ciudadano a la institución.
Mientras el decreto avanza hacia su publicación oficial, la tensión entre el bloque legislativo y los comisionados salientes marca el inicio de una transición compleja.
El desenlace del conflicto no solo definirá las liquidaciones económicas del equipo actual, sino la credibilidad del próximo modelo de selección ciudadana del estado.
