El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma que ordena la destitución inmediata y disolución total del Comité Anticorrupción de Quintana Roo (Comité de Participación Ciudadana - CPC). La medida fulminante fue justificada por los legisladores tras una ola de críticas sociales hacia sus integrantes, quienes percibían megasueldos equivalentes a los de un secretario de Estado sin entregar resultados concretos en el combate a la opacidad.
El dictamen modifica diversos artículos de la ley del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo para forzar el cese del cuerpo colegiado. De esta manera, el Poder Legislativo sepulta el actual modelo operativo del organismo para reorganizar de raíz su funcionamiento y redefinir los mecanismos de selección ciudadana.
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Golpe de timón institucional bajo principios de austeridad
La bancada legislativa argumentó que, si bien la fiscalización ciudadana es un pilar democrático insustituible, la permanencia de un organismo oneroso y de nula presencia pública resultaba insostenible. Por ello, determinaron someter el esquema de remuneraciones a una estricta política de austeridad, proporcionalidad y racionalidad financiera.
"El Comité de Participación Ciudadana refleja una innovación en la gobernanza, pero su legitimidad depende de su integridad y de su vínculo con la sociedad", se lee en el decreto aprobado por el Congreso local, marcando un duro precedente sobre el rendimiento de las cuentas públicas en la entidad.
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Los plazos de la "limpia": ¿Cómo será la transición?
El diputado César Augusto Frías Canché confirmó que la salida de los actuales miembros del CPC será efectiva en cuanto el decreto aparezca publicado en el Periódico Oficial del Estado. A partir de esa fecha, arrancará un proceso de transición blindado por plazos rigurosos:
- Primeros 30 días hábiles: La Comisión Anticorrupción del Congreso emitirá la convocatoria pública para conformar una nueva Comisión de Selección integrada por cinco ciudadanos independientes.
- Siguientes 30 días hábiles: Este nuevo grupo de selección ciudadana evaluará y lanzará la convocatoria abierta y transparente para elegir a los nuevos rostros del Comité Anticorrupción de Quintana Roo.
Blindaje institucional con un esquema escalonado
Para mitigar la inestabilidad operativa tras este cese masivo, la reforma anticorrupción Quintana Roo contempla una integración escalonada para los futuros miembros. De esta manera, una persona ocupará el asiento por un año; otra por dos; una tercera por tres años; y la última por un periodo completo de cinco años, garantizando que el órgano no vuelva a caducar simultáneamente.
Con esta reestructuración radical, el Congreso busca armonizar la normativa local con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la meta declarada de devolverle la legitimidad social a un puente institucional que había perdido por completo la confianza del pueblo quintanarroense.
